Fiscalía insiste en sentencia condenatoria por tragedia del Jet Set mientras familias piden indemnización

El Ministerio Público concluyó la lectura de la acusación contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set Club, ante el juez Franni González de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde detalló las presuntas negligencias que habrían provocado el colapso del techo el 8 de abril de 2025.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio son contundentes y deben llevar a una sentencia condenatoria. Afirmó que el colapso fue consecuencia de "el peso de la negligencia que pudo más que la capacidad del techo", y que los acusados implementaron soluciones paliativas inadecuadas para reducir costos, pese a conocer los graves problemas estructurales del establecimiento.

Según la acusación, las fallas estructurales fueron evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas entre empleados del centro nocturno. Camacho enfatizó que 236 personas perdieron la vida en la tragedia, además de numerosos heridos y familias devastadas, y que reducir el dolor a un número es injusto porque cada víctima tenía nombre, vida, sueños y familias.

"Este tribunal debe tomar en cuenta que en este caso se perdieron y se lesionaron personas, se destruyeron familias, se cortaron sueños y se truncaron proyectos de vida", expresó Camacho durante su intervención.

El fiscal también se refirió al impacto en los menores: niños huérfanos que, por razones legales, no pueden comparecer en el juicio, pero que viven con la ausencia de sus padres y el trauma de la pérdida. Señaló que estos niños pasaron la Navidad pasada sin sus padres y volverán a hacerlo en las próximas festividades, cargando con el dolor generado por la negligencia ajena.

Camacho reconoció que, aunque una sentencia condenatoria sería lo que corresponde según la legislación dominicana, no sería suficiente para reflejar el daño causado. "Esa sentencia será insuficiente porque no va a reflejar el dolor de más de 200 familias afectadas", afirmó, pero insistió en que es lo mínimo que el sistema de justicia puede ofrecer en las circunstancias legales actuales.

Tras la intervención del Ministerio Público, los abogados de los querellantes presentaron sus pretensiones, solicitando indemnizaciones de hasta RD$100 millones por familia, mientras otros reclamaron cifras iguales o superiores. Esto ocurrió después de que el juez Franni González rechazara el recurso de oposición presentado por la defensa de los imputados contra la decisión que negó la autorización de un peritaje técnico y un asesor técnico en el caso.

La Fiscalía reiteró que el cuerpo de pruebas presentado debe conducir inevitablemente a una sentencia condenatoria, y que cualquier otro resultado sería una contradicción con la evidencia aportada durante el proceso judicial.