Defensa de 'El Pastor' niega maltrato a menores y asegura que fundación operaba bajo supervisión estatal

Los abogados de los imputados en el caso conocido como 'El Pastor' aseguraron que sus defendidos son inocentes de las acusaciones de maltrato físico y psicológico en perjuicio de 14 menores, así como de la supuesta obligación de realizar trabajos forzados, y anunciaron que demostrarán su inocencia ante el juez José Carlos Arias de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal.

La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el próximo jueves a solicitud del Ministerio Público, con el fin de realizar entrevistas en Cámara Gesell a los menores involucrados y otorgar tiempo a la defensa para preparar los presupuestos de arraigo de los encartados, entre ellos Ángel Gabriel Capellán, alias 'El Pastor', e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.

Defensa sostiene que fundación operaba bajo supervisión de CONANI y otras instituciones

El abogado Luis Carrera, defensor de uno de los imputados, afirmó que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) era supervisada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y otras instituciones del Estado, que realizaban operativos médicos de manera permanente en la iglesia del pastor.

Carrera añadió que, durante el allanamiento practicado por la Fiscalía, se encontraron en el lugar las actas de nacimiento de los menores y copias de las cédulas de sus padres, lo que, según él, confirma que los niños fueron entregados voluntariamente por sus propios progenitores.

Abogado Soto Lara rechaza imputación de retención ilegal y denuncia falta de querellas

Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara rechazo rotundamente la imputación de presunta retención ilegal de menores, argumentando que no existen denuncias por parte de los progenitores o tutores.

"Son nueve niños y no hay ni una sola denuncia ni un querellante. ¿Cómo se explica que se enteren de supuestas retenciones sin que un padre o familiar haya presentado una querella?"

Soto Lara explicó que el caso se originó a raíz del abandono de la institución por parte de un menor en conflicto con la ley, lo que sirvió de detonante para la intervención del Ministerio Público.

Defendió la labor de la entidad y de sus directivos, asegurando que el centro operaba como un espacio de acogida humanitaria tanto para niños desvalidos como para adultos mayores de la comunidad de Villa Liberación, contando históricamente con la colaboración de diversas instituciones estatales en operativos y charlas.

Defensa cuestiona legalidad de interrogatorios y minimiza falta de personería jurídica

Carrera cuestionó las actuaciones del Ministerio Público respecto a los interrogatorios previos realizados a los menores, sosteniendo que "un niño no puede ser interrogado a menos que sea por el juez competente en la jurisdicción correspondiente; lo demás son violaciones", al rechazar que las entrevistas previas hayan cumplido con el debido proceso.

Respecto a la falta de personería jurídica o registros de la fundación señalados por las autoridades, la defensa argumentó que "la falta de un registro no convierte a una persona en un retenedor ilegal de menores ni constituye un crimen penal; es un asunto ordenable mediante regulación administrativa".

El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, "El Pastor", e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por presunto maltrato físico y psicológico en perjuicio de 14 menores y por supuestamente obligarlos a realizar trabajos forzados.