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Fundación 'Un Muerto que Revive' albergaba a menores en condiciones de explotación

Fundación 'Un Muerto que Revive' en Haina albergaba a menores y personas vulnerables en condiciones de explotación y maltrato, según denuncia del Ministerio Público.

Roberto Martínez

Roberto Martínez

Editor de Tecnología

jueves, 3 de septiembre de 20262 min de lectura
Fundación 'Un Muerto que Revive' albergaba a menores en condiciones de explotación
Fundación 'Un Muerto que Revive' albergaba a menores en condiciones de explotación

La Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el sector El Carril, Los Solares, en el municipio de Haina, fue señalada por el Ministerio Público como un centro que operaba al margen de la ley y albergaba a menores de entre 3 y 12 años, personas envejecientes, con discapacidad visual y motora, y jóvenes con adicciones.

Según la solicitud de medida de coerción, la entidad, dirigida por Ángel Gabriel Capellán, conocido como "El Pastor", y su coimputado Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, no contaba con autorización para funcionar como hogar de acogida, por lo que su funcionamiento, recepción de fondos y captación de beneficiarios se realizaban de forma ilegal.

El Ministerio Público acusa a ambos imputados de presunto maltrato físico y psicológico en perjuicio de 14 menores de edad, a quienes además se les obligaba a realizar trabajos forzados, incluyendo labores de carpintería para la construcción de una vivienda.

Una evaluación médico-legal practicada a la denunciante reveló múltiples lesiones en rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda, así como quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.

Una pericia psicológica forense determinó que el menor no asistía a la escuela y era sometido a constante maltrato físico y castigos, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraban las personas albergadas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones tras la denuncia, solicitaron órdenes de arresto que fueron ejecutadas contra Capellán y Muñoz Rodríguez, y el juez José Carlos Arias Nina, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción para el próximo jueves.

El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra ambos imputados, mientras se avanza en el proceso judicial por los delitos de maltrato infantil y explotación laboral.

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Roberto Martínez

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Ingeniero en sistemas y periodista tecnológico. Fundador de varios blogs de tecnología. Analiza las tendencias digitales que impactan a la República Dominicana.

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