Unión de Farmacias pide no generalizar sospechas tras allanamientos en caso Senasa

La Unión de Farmacias emitió un comunicado oficial para aclarar su posición frente al caso Senasa 2.0, tras los recientes allanamientos realizados en el marco de la Operación Cobra. La organización, que agrupa a 1.650 farmacias desde 1984, respaldó las actuaciones del Ministerio Público pero advirtió contra la tendencia a generalizar sospechas sobre todo el sector farmacéutico.

El gremio empresarial enfatizó que respalda toda investigación seria, independiente y apegada al debido proceso que permita esclarecer el presunto uso fraudulento de los recursos del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Sin embargo, señaló que la información conocida hasta ahora corresponde a una investigación en curso, por lo que corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas y a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.

La Unión de Farmacias rechazó tanto la impunidad como las condenas anticipadas, advirtiendo que las generalizaciones pueden afectar injustamente a miles de farmacias y profesionales que cumplen con sus obligaciones legales y éticas. "No toleramos prácticas contrarias a la ley ni actuaciones que perjudiquen a los afiliados del sistema de seguridad social", expresó en el documento publicado en su cuenta de Instagram.

Además, el gremio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades ante cualquier requerimiento formal y a contribuir al fortalecimiento de los controles, la trazabilidad de las dispensaciones y la transparencia en la relación entre las farmacias, las ARS y los afiliados. Asimismo, advirtió que si una investigación firme demuestra la participación de algún miembro en hechos ilícitos, aplicará las medidas previstas en sus estatutos, sin perjuicio de las consecuencias que establezcan las autoridades competentes.

El pronunciamiento se produce luego de los 37 allanamientos realizados en la segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en los que fueron arrestadas 28 personas, entre médicos, prestadores de salud y, según confirmó el abogado Jorge Contreras, ejecutivos de dos cadenas farmacéuticas.