TSA ordena terminación de concesión minera de Falcondo por incumplimientos

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la República Dominicana ordenó la terminación definitiva de las concesiones mineras otorgadas a Falconbridge Dominicana (Falcondo) para la explotación del yacimiento Quisqueya I, tras comprobar que la empresa incumplió de manera sostenida obligaciones esenciales vinculadas a la actividad extractiva y la transparencia institucional.

La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado, y dispuso el fin de los contratos de concesión suscritos en 1956 y 1969, que abarcan una extensión de 22.392 hectáreas ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

El fallo se basa en la paralización prolongada de las operaciones productivas, las cuales permanecen detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, según certificación de la Dirección General de Minería. A esta inactividad se sumó el incumplimiento sistemático en la entrega de información requerida por la normativa minera.

Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones para los años 2023 y 2024. Además, el tribunal acreditó fallas en el cumplimiento de obligaciones económicas, laborales y técnicas, consideradas esenciales para el mantenimiento de la concesión.

Para los jueces de la Segunda Sala del TSA, estas obligaciones no son accesorias, sino que están directamente vinculadas al propósito de una concesión minera: garantizar el aprovechamiento efectivo de los recursos nacionales bajo supervisión estatal. La falta de información, señalaron, impide al Estado verificar las condiciones en que se desarrolla una actividad que involucra recursos de propiedad nacional.

El tribunal concluyó que la combinación de inactividad operativa y omisiones informativas alcanzó un nivel de gravedad suficiente para justificar la terminación, afectando el interés general relacionado con la explotación sostenible de los minerales del país. La decisión pone fin a una vigencia contractual que se extendió por varias décadas y abre un nuevo capítulo sobre el futuro de los yacimientos de níquel en Quisqueya I.

El caso también reactiva el debate nacional sobre las condiciones bajo las cuales el Estado otorga derechos de explotación de recursos naturales y los mecanismos efectivos disponibles para recuperar concesiones cuando las obligaciones asumidas no son cumplidas por las empresas beneficiarias.