TSA cancela concesión minera de Falcondo tras años de incumplimientos

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) canceló los contratos de concesión minera entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), poniendo fin a una relación contractual que se extendía desde 1956 sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el juez Antonio O. Sánchez Mejía, junto a los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, fechada el 12 de agosto de 2026. El fallo anula los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

La sentencia responde a una acción interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, tras identificarse múltiples incumplimientos por parte de Falcondo relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, y la omisión de los informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Entre los hechos considerados determinantes por el tribunal, se destaca que las operaciones productivas de Quisqueya I estuvieron paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, según certificación de la Dirección General de Minería. Además, Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

Para el TSA, estos incumplimientos afectan directamente la finalidad de la concesión: la explotación efectiva de los recursos mineros y el deber de mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las actividades. El tribunal concluyó que la inactividad prolongada afectó el interés general asociado a la explotación de los recursos minerales del país, justificando la terminación de los contratos.

La sentencia también rechazó los argumentos de Falcondo que buscaban declarar inadmisible la acción del Estado. El comunicado judicial señala que esta decisión representa un punto de inflexión en una relación contractual de casi siete décadas vinculada a una concesión de 22,392 hectáreas.

La paralización de operaciones tuvo un impacto significativo en el empleo. En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones mediante la intervención del Fonper. Un grupo adicional de exempleados, cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026, mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.

La concesión Quisqueya I llegó a sostener más de mil empleos directos, y según estimaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nouel, miles de personas adicionales vinculadas a contratistas, suplidores y actividades indirectas resultaron afectadas por la paralización.

Esta decisión del TSA es independiente del proceso de reestructuración mercantil al que Falcondo está sometida bajo la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, iniciado por acreedores. Ese proceso continúa su curso ante la jurisdicción correspondiente, con objeto y alcance distintos a la resolución administrativa.

En el proceso ante el TSA, el Estado dominicano estuvo representado por el Fonper y asistido legalmente por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León.