Tribunal rechaza extinción de proceso contra exprocurador Jean Alain Rodríguez en caso Medusa

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron este lunes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa por el presunto desfalco de más de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.

El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell Rodríguez y Clara Castillo, fundamentó su decisión tras analizar el historial procesal del caso, que ha superado los cinco años desde su inicio. La defensa había argumentado que el proceso excede el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal, solicitando así la extinción de la acción penal.

Los representantes del Ministerio Público se opusieron a dicho pedimento, señalando que los retrasos en el proceso han sido provocados por las actuaciones dilatorias de la propia defensa, que ha presentado múltiples incidentes y recursos con el objetivo de obstaculizar el avance del juicio.

La controversia se remonta al 16 de febrero, cuando la defensa presentó varios incidentes que fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio. Tras esa fecha, formalizó la solicitud de extinción de la acción penal, la cual fue pospuesta inicialmente para este lunes, tras una audiencia previa el miércoles anterior.

El caso Medusa tiene su origen en 2021, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició la fase de investigación. Fue el 13 de julio de 2021 cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados.

Según el expediente, a Jean Alain Rodríguez se le imputan múltiples delitos cometidos entre 2016 y 2020, incluyendo fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y un desfalco al Estado superior a los RD$6,000 millones. La PEPCA sostiene que estos actos forman parte de una red de corrupción durante su gestión como procurador general.

La defensa, liderada por el abogado Carlos Balcácer, ha mantenido una estrategia jurídica orientada a detener o dilatar el proceso desde su inicio, presentando diversas acciones legales que han sido rechazadas en instancias judiciales sucesivas.

Con esta resolución, el tribunal permite que continúe la fase de lectura de la acusación, paso esencial para avanzar hacia el juicio de fondo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en la República Dominicana.