Inician juicio de fondo en caso Calamar contra exministro Donald Guerrero y otros 422 imputados

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará este miércoles el juicio de fondo en el conocido como caso Calamar, donde se acusan a exfuncionarios y empresarios de un presunto esquema de expropiaciones fraudulentas que habría causado un perjuicio superior a los RD$19,000 millones al Estado dominicano.

El tribunal, presidido por la magistrada Arlyn Ventura, tiene previsto que los representantes del Ministerio Público inicien la lectura de la acusación, siempre que no se presenten incidentes por parte de las defensas que puedan provocar un aplazamiento. En el banquillo estarán Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y Ángel Lockward, abogado, junto a otros 21 imputados personas físicas y varias empresas vinculadas al proceso.

Entre los acusados individuales figuran Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Marino Cabrera Ramón, Daniel de Jesús Caamaño Santana, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Óscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil.

Las empresas involucradas incluyen a Miqui Trade, S.R.L.; Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L.; Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L.; Brimart Comercial BM, S.R.L.; Bribae Dominicana, S.R.L.; Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L.; Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L.; Desarrollos Rurales, S.R.L.; Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.; Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.; Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L.; e Intercaribe Mercantil, S.A.S., las cuales, según la acusación, habrían sido utilizadas para operar el presunto esquema ilícito.

Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una red que desviaba fondos estatales mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Parte de esos recursos, sostiene la acusación, habría sido destinada al pago de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.

Durante la fase preliminar, el órgano acusador presentó 1,770 elementos de prueba contra 43 imputados (34 personas físicas y varias empresas), argumentando que las acciones investigadas afectaron a más de 500 víctimas. El tribunal consideró que existen suficientes elementos para enviar a juicio a los actuales acusados.

Este proceso se da en un contexto de disputas judiciales previas: la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había emitido un auto de «no ha lugar» a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros. El Ministerio Público apeló dicha decisión, buscando su revocación.