Juez bloquea intento de Trump de mover sede del FBI a Washington

Un juez federal en Maryland bloqueó este lunes el intento del gobierno de Donald Trump de revertir el traslado de la sede del FBI a Greenbelt, determinando que la administración actuó de manera ilegal al anular una decisión tomada durante el mandato de Joe Biden.

El magistrado Theodore D. Chuang, del Distrito de Maryland, prohibió al director del FBI, Kash Patel, y al fiscal general Todd Blanche, avanzar con el plan de mover la agencia al edificio Ronald Reagan en el centro de Washington, una alternativa propuesta por la administración Trump para sustituir el proyecto previamente aprobado en Maryland.

Según la sentencia, el ejecutivo no podía ignorar la decisión de la Administración de Servicios Generales (GSA), que en 2023 había seleccionado Greenbelt tras un proceso de evaluación de varios años. El juez concluyó que la administración Trump vulneró las directrices aprobadas por el Congreso al intentar redirigir fondos destinados específicamente al proyecto de Greenbelt.

El conflicto se originó cuando Trump anunció en 2025 su intención de mantener la sede del FBI en Washington, proponiendo posteriormente su traslado al edificio Ronald Reagan como una opción más económica y eficiente. Sin embargo, Maryland y el condado de Prince George’s argumentaron que dicha acción violaba las leyes de asignación presupuestaria y desvió recursos ya aprobados.

La sede actual del FBI, el edificio J. Edgar Hoover en la avenida Pennsylvania de Washington, lleva décadas en condiciones deterioradas, con estudios que han señalado deficiencias críticas de seguridad y mantenimiento. Maryland había defendido el proyecto de Greenbelt como una oportunidad para atraer inversión y empleos al condado de Prince George’s, tras años de competencia con Virginia por albergar las nuevas instalaciones de la principal agencia federal de investigación.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, celebró el fallo y afirmó que la decisión trasciende la ubicación de un edificio, representando una defensa de la autoridad del Congreso frente al poder ejecutivo.

"Esta sentencia refuerza el principio de que el ejecutivo no puede unilateralmente anular decisiones legislativas y financieras ya establecidas", declaró Brown tras conocerse la resolución.