Tercer Tribunal intimó a Defensoría Pública para designar abogado a empresa imputada en caso Camaleón

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimó a la Oficina Nacional de Defensoría Pública para que designe un abogado que represente legalmente a la empresa Impresor S.R.L., imputada en el caso conocido como Camaleón, bajo apercibimiento de posible acción penal por desacato.

La medida fue adoptada por mayoría de votos por el tribunal presidido por la jueza Arlín Ventura e integrado por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, luego de verificar que la coordinadora de la entidad en el Distrito Nacional, Ángela Maritza Ramírez, no había designado un defensor para dicha empresa pese a haber sido notificada mediante auto del pasado 20 de agosto.

El tribunal además aplazó el conocimiento del juicio de fondo para el próximo 22 de septiembre a las 9:00 de la mañana, debido a que el defensor público Robert Encarnación, recientemente asignado como nueva defensa del imputado Manuel Eduardo Mora, no se presentó preparado, alegando no haber podido analizar el elevado volumen de pruebas digitales contenidas en el expediente.

Durante la audiencia, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría dar inicio a un proceso independiente por el delito de desacato contra la dirección de la Defensoría Pública, conforme establece el Código Penal, que prevé una sanción de hasta dos años de prisión.

Ortiz explicó que el Ministerio Público solo ha solicitado al tribunal que amoneste a la institución para que cumpla con su deber, y enfatizó que se trata de un proceso penal ordinario que deberá conocerse ante un tribunal distinto, ya que el Tercer Tribunal Colegiado no está apoderado de dicha causa.

En su voto disidente, la presidenta del tribunal, Arlín Ventura, sostuvo que las decisiones judiciales no se negocian ni se reintiman, sino que deben cumplirse de inmediato, y propuso separar el juicio respecto a la empresa para evitar paralizamientos indefinidos y continuar con los demás imputados.

Finalmente, el tribunal recordó el deber ético de los abogados salientes de transferir sin demoras todos los soportes documentales y digitales a la nueva defensa, a fin de no entorpecer el proceso ni vulnerar el derecho a un plazo razonable.