Aplazan juicio de fondo contra Hugo Beras por ausencia de defensa de empresa imputada

El tribunal aplazó este jueves la audiencia de inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros imputados en el caso conocido como Operación Camaleón, debido a la ausencia de representación legal de una empresa imputada y la negativa de la Defensoría Pública a asumir su defensa.

Según explicó la abogada de Beras, Laura Acosta, una persona jurídica involucrada en el proceso no acudió a la audiencia acompañada de su abogado, ya que los letrados que la representaban habían renunciado previamente. El tribunal notificó entonces a la Defensoría Pública para que intervenga, pero esta institución se negó, argumentando que no brinda defensa a personas morales, sino únicamente a personas físicas.

"Hay una persona jurídica, una empresa, que está imputada y que no vino acompañada de su abogado. Aparentemente, los abogados que tenía esa empresa renunciaron. Entonces, el tribunal, antes de esta audiencia, notificó a la Defensoría Pública para que viniera a defender a esta empresa, y la Defensoría Pública se ha negado porque se trata de una persona moral y que ellos no defienden empresas"

, sostuvo Acosta.

La letrada añadió que la empresa en cuestión probablemente tiene sus fondos bloqueados y no cuenta con recursos para contratar un nuevo abogado, lo que imposibilita su defensa adecuada. Por esta razón, el tribunal no pudo proceder con la audiencia y fijó una nueva fecha para el 22 de septiembre.

Tanto el Ministerio Público como las defensas de los demás imputados se opusieron a la postura de la Defensoría Pública, considerando que su negativa genera un aplazamiento innecesario del proceso judicial. Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó la esperanza de que se evite tener que activar vías legales para obligar al cumplimiento de la orden judicial.

El caso Operación Camaleón involucra a varios exfuncionarios y empresas acusados de delitos de corrupción administrativa, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, robo de identidad y uso de documentos privados, entre otros.

Según la acusación, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia. Por su parte, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y presunto espionaje tecnológico.

Otros imputados incluyen a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria, y varios más procesados por lavado de activos, testaferrato, manipulación de licitaciones y favorecimiento a empresas vinculadas al esquema de corrupción.

Las personas jurídicas involucradas fueron, según el Ministerio Público, utilizadas para celebrar contratos fraudulentos y ejercer control ilegal sobre la red semafórica, entre otros actos ilícitos. El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio por petición del Ministerio Público, enfrentando cargos que incluyen también contrabando y violación a la Ley de Armas.