TC analiza recurso para despenalizar consumo personal de drogas en RD

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana conocerá este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad que busca modificar el enfoque legal sobre el consumo y posesión de drogas para uso personal, argumentando que las sanciones penales actuales vulneran derechos constitucionales y principios internacionales.

La demanda fue presentada por el abogado Affe Gutiérrez Gil, quien solicita que el alto tribunal declare inconstitucionales, de manera parcial o condicionada, los artículos 5, 6, 7, 28 y 29 de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, modificada por la Ley 17-95. Según el recurso, estas disposiciones permiten penalizar la posesión y el consumo privado de sustancias controladas cuando no afectan a terceros, lo que, según el promovente, contraviene la Constitución de 2010 y diversos tratados internacionales suscritos por el país.

El jurista fundamenta su acción en el derecho a la dignidad humana (artículo 38) y al derecho a la salud (artículo 61), sosteniendo que castigar penalmente a una persona por consumo personal equivale a sustituir ineficazmente políticas públicas de salud por medidas punitivas. Además, invoca el Bloque de Constitucionalidad (artículo 74 de la Carta Magna) y cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos de tribunales supremos de otros países, incluido el caso Arriola resuelto por la Corte Suprema de Argentina.

Una de las críticas centrales del recurso apunta al mecanismo de presunción automática de intención delictiva basado únicamente en la cantidad de sustancia ocupada, lo que, según el documento, viola el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia y el debido proceso garantizados en el artículo 69 de la Constitución. Para respaldar este argumento, el recurso recuerda que el propio TC estableció un criterio similar en la Sentencia TC/0365/17.

El escrito también pone sobre la mesa la crítica situación del sistema penitenciario dominicano, señalando que más del 70% de las personas privadas de libertad se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que entre el 20% y el 30% de la población carcelaria está vinculada a delitos relacionados con drogas, sin acceso adecuado a programas terapéuticos o de rehabilitación.

De manera subsidiaria, la acción solicita que las normas cuestionadas se interpreten exigiendo a jueces y fiscales una demostración probatoria individualizada de actos de comercialización o distribución, eliminando así las presunciones automáticas basadas solo en la tenencia o cantidad de la sustancia. Finalmente, se exhorta al Congreso Nacional a revisar el marco legal sobre sustancias controladas conforme a estándares contemporáneos de salud pública, proporcionalidad y derechos humanos.