Soberanía dominicana ante presiones tecnológicas de Washington y Beijing

La reciente advertencia de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, sobre los supuestos riesgos asociados a determinadas empresas tecnológicas chinas ha reactivado un debate que trasciende lo meramente comercial o tecnológico. La preocupación por la seguridad cibernética es legítima y debe ser tomada con seriedad por cualquier gobierno, pero no puede convertirse en un mecanismo de presión para determinar con quién puede o no relacionarse comercialmente un Estado soberano.

En el sistema internacional contemporáneo, la soberanía sigue siendo un principio fundamental, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que establece la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la intervención en asuntos de jurisdicción interna. Esto significa que las relaciones de amistad con Washington, Pekín u otras naciones no eliminan la capacidad de República Dominicana para decidir autónomamente sus políticas comerciales, tecnológicas y diplomáticas.

El caso de Edward Snowden, excontratista de la NSA, resulta pertinente para contextualizar esta discusión. En 2013, Snowden reveló información clasificada sobre programas de vigilancia electrónica desarrollados por el Gobierno estadounidense, expidiendo mecanismos que alcanzaban incluso a ciudadanos, instituciones y gobiernos extranjeros. Sus revelaciones, posteriormente detalladas en su libro Vigilancia permanente, plantean una pregunta inevitable: ¿puede Washington exigir a otros Estados estándares de confianza tecnológica que su propia política de seguridad no siempre aplica a sus aliados?

Si existen pruebas concretas de actividades ilícitas, espionaje o vulneraciones de la seguridad nacional dominicana, estas deben investigarse y enfrentarse mediante los mecanismos jurídicos correspondientes. Pero una acusación de esa naturaleza debe sustentarse en evidencia verificable, no únicamente en la nacionalidad de una empresa o en la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing.

La competencia entre Estados Unidos y China ya no se limita al ámbito militar, sino que se extiende al liderazgo tecnológico, las cadenas globales de suministro, la inteligencia artificial, los semiconductores, las telecomunicaciones, los sistemas financieros y la infraestructura digital. En esta nueva geopolítica, los países pequeños y medianos corren el riesgo de convertirse en escenarios de disputa entre grandes potencias.

Según Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, "el 64% de la data que usan las prestadoras de servicios son chinas". Esta cifra obliga a abordar el debate con objetividad técnica: si una proporción tan significativa de la infraestructura tecnológica utilizada por las prestadoras dominicanas tiene origen chino, la discusión debe basarse en evaluaciones de seguridad nacional, protección de datos e interés público, no en advertencias políticas genéricas.

República Dominicana debe actuar con inteligencia estratégica: no sustituir una dependencia por otra, sino diversificar sus relaciones internacionales en función de sus propios intereses nacionales. El desafío consiste en mantener relaciones constructivas con ambos socios sin aceptar que la rivalidad entre Washington y Beijing obligue al país a escoger automáticamente un bando. La cooperación internacional es legítima y necesaria; la subordinación de la política exterior a los intereses de una potencia extranjera es otra cuestión completamente distinta.