Tribunal Constitucional revisará 23 acciones de inconstitucionalidad este miércoles
El Tribunal Constitucional conocerá 23 acciones de inconstitucionalidad este miércoles, incluyendo impugnaciones al Código Penal, Ley de Residuos Sólidos y reforma electoral.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana tiene programada para este miércoles 26 de agosto de 2026 una extensa agenda de audiencias en la que conocerá un total de 23 acciones directas de inconstitucionalidad contra normas de diverso alcance, desde disposiciones municipales hasta artículos del nuevo Código Penal, la Ley de Residuos Sólidos y la reciente reforma electoral.
Acciones contra el Código Penal
Varios de los casos en el rol cuestionan artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgada en agosto de 2025. Entre ellos figura la acción presentada por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino contra los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de dicha ley, así como la de Fernando Almonte Almonte, que ataca los artículos 192, 208, 209, 210, 310, 311 y 379 del mismo cuerpo normativo.
A esa lista se suma la acción del Colegio Médico Dominicano (CMD) contra los artículos 8, 12 y 354 del Código Penal, y la presentada por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo contra el artículo 173 de la misma ley. Este último expediente registra un número considerable de intervinientes voluntarios, entre organizaciones de la diversidad sexual como Diversidad Dominicana y la Fundación Casa Q+, y entidades religiosas y provida como la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC) y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEVI), entre decenas de personas físicas apoderadas como intervinientes.
Ley de Residuos Sólidos
El TC también conocerá dos acciones contra la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, tal como fue modificada por la Ley núm. 98-25. Una de ellas fue interpuesta por la empresa Ventanet, S.R.L., mientras que la otra reúne a una docena de gremios empresariales, entre ellos la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) y la Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas (ASONAMECA).
En ambos casos han intervenido de forma voluntaria el Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y otras entidades, además de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) como interviniente forzoso en uno de los expedientes.
Múltiples acciones contra la reforma electoral
Otro bloque relevante de la agenda corresponde a impugnaciones contra la Ley núm. 13-26, que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23). Al menos cuatro accionantes distintos —Pedro Julio Abreu Columna, José Cristopher Ramírez, José Antonio Cabral Salcedo y Isaías Ramos Guzmán—, el Observatorio Dominicano por la Integridad Pública y la Justicia (ODIPJ) y la organización Puedo Unidad Electoral Dominicana sometieron acciones separadas contra esa normativa.
Impugnación a la ley de drogas
El rol incluye además la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Affe Gutiérrez Gil contra diversos artículos de la legislación sobre sustancias controladas. La acción cuestiona la constitucionalidad de normativas clave dentro del marco regulatorio de drogas en el país: impugna el artículo 5 de la Ley núm. 17-95, que introdujo modificaciones a la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como el artículo 6 de esta última (incluyendo el párrafo c agregado por la Ley 17-95) y los artículos 7, 28 y 29 de la misma legislación.
Otros expedientes en agenda
El rol incluye también una acción contra una resolución y actas de la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete, presentada por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO) y Ricardo Augusto Ripoll García. Asimismo figuran impugnaciones a disposiciones sobre lavado de activos y extinción de dominio, facturación electrónica, registro inmobiliario, el Código de Trabajo, el reglamento de licencias de conducir y una ley procesal penal reciente.
Cierran la agenda dos casos de naturaleza distinta: uno referido a una alegada omisión de estatuir de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia frente a una acción de amparo, presentado por Martina de los Santos; y otro contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral y una resolución de la Comisión de Justicia Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), relacionada con una apelación de elecciones internas en la Circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo.
Etiquetas
Compartir artículo
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Te puede interesar
Más noticias de Política

Los 10 congresistas más ricos de EE.UU. concentran fortunas de hasta 715 millones de dólares
Los diez congresistas más ricos de EE.UU. acumulan más de 715 millones de dólares en fortuna combinada, según datos de octubre de 2026.
TSE reserva fallo en recursos de Proyecto Visión Nación contra resoluciones de la JCE
El TSE reserva fallo en recursos de PVN contra resoluciones de la JCE y aplaza audiencia sobre impugnación de juramentación en Nueva Isabela.

Servio Tulio Castaños aboga por un juez de carrera en la presidencia de la SCJ, pese a la influencia presidencial
Servio Tulio Castaños de Finjus afirma que es preferible un juez de carrera para presidir la SCJ, aunque reconoce que la decisión final depende del presidente Abinader y las negociaciones en el CNM.

Abinader defiende subsidios sociales y explica criterios de selección ante cuestionamientos
El presidente Abinader defendió los subsidios sociales ante cuestionamientos sobre la selección de beneficiarios, destacando que la reducción de la pobreza requiere actualizar los registros y que los criterios van más allá de los ingresos monetarios.