Senasa detectó consultas de ginecología facturadas a hombres en esquema de fraude

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) detectó consultas de ginecología registradas a nombre de afiliados masculinos como parte de una investigación por presunto fraude liderada por el Ministerio Público. El hallazgo surgió durante una auditoría médica realizada al gineco-obstetra Steven Alexander Rabssa Fernández, uno de los profesionales de la salud investigados en la operación Cobra 2.0.

Al revisar aleatoriamente los historiales de los afiliados, Senasa encontró que hombres aparecían con una o varias consultas de ginecología a su nombre, pese a que, al ser contactados, negaron haber recibido esos servicios. La irregularidad no se limitó a este tipo de consultas, sino que también incluyó servicios facturados pero no suministrados y casos de duplicidad de prestaciones.

La investigación sostiene que la anomalía no fue resultado de errores aislados, sino parte de un sistema mediante el cual se utilizaron datos personales de afiliados para solicitar autorizaciones y sustentar reclamos médicos falsos. Según el Ministerio Público, empleados o ex empleados de Senasa accedieron a información de afiliados y, junto a profesionales de la salud, llenaron formularios con diagnósticos, consultas y procedimientos que los usuarios nunca habían solicitado.

También se habrían falsificado firmas y utilizado códigos reales de médicos para dar apariencia de legitimidad a los reclamos. Peritajes caligráficos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que varias firmas en formularios médicos no correspondían a las de los afiliados cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.

La orden judicial de allanamiento y secuestro emitida el 15 de septiembre establece que se identificaron 4,363 autorizaciones de cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas solicitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025 mediante varios números telefónicos vinculados a la investigación. El valor acumulado de esas autorizaciones asciende a 41,1 millones de pesos.

Los investigadores entrevistaron a numerosos afiliados cuyos datos aparecían en las reclamaciones, quienes aseguraron que nunca visitaron los consultorios señalados, desconocían a los médicos que aparecían en los documentos y no habían recibido los procedimientos facturados. En algunos casos, demostraron que se encontraban en sus trabajos, viviendas, fuera de la ciudad o incluso fuera del país en las fechas en que supuestamente recibieron las atenciones.

Una vez Senasa pagaba las reclamaciones, algunos médicos habrían entregado entre el 40 % y el 60 % de los montos cobrados a integrantes del grupo investigado, mediante efectivo o transferencias bancarias. La orden judicial autorizó allanamientos en 37 ubicaciones del país e involucra a decenas de profesionales de la salud y otros investigados.

Las imputaciones descritas corresponden a la versión del Ministerio Público dentro de una investigación todavía en curso. Los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva. El registro de consultas ginecológicas a nombre de hombres constituye uno de los ejemplos más evidentes de las inconsistencias detectadas por las auditorías de Senasa y que ahora forman parte de la nueva etapa de la investigación penal.