Senado aprueba proyecto que establece deber ciudadano de vacunación

El Senado de la República aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que busca garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles mediante la vacunación, estableciendo un deber para los ciudadanos de permitir la aplicación de las vacunas correspondientes según su edad y esquema.

La iniciativa, ahora enviada a la Cámara de Diputados para su consideración, establece en su artículo 14 que las personas que habiten en territorio nacional son corresponsables con el Estado de mantener actualizado su estado vacunal y deberán realizar lo necesario para que les sean aplicadas las vacunas que correspondan, con el registro correspondiente en la tarjeta de vacunación.

El proyecto también establece responsabilidades específicas para tutores y representantes legales, indicando que quienes ejerzan la tutela de menores de edad o personas que no puedan decidir por sí mismas estarán obligados a tomar las medidas necesarias para que reciban las vacunas.

En este sentido, el artículo 23 del proyecto señala que los padres son responsables de cumplir con la obligación de asegurar la vacunación de niños, niñas y adolescentes, manteniendo actualizada la tarjeta de vacunación, aunque el texto constitucional citado (artículo 61 de la Carta Magna) solo establece el derecho a una salud integral y la responsabilidad del Estado en la protección de la salud, sin mencionar explícitamente la obligación de vacunar a menores.

Además, el proyecto incluye disposiciones para instituciones y personal de salud, estableciendo que los directores o administradores de instituciones públicas o privadas que tengan bajo su cuidado a menores deberán mantener actualizada la tarjeta de vacunación de quienes estén a su cargo.

Los senadores Daniel Rivera, Johnson Encarnación, Lía Díaz y Ginette Bournigal son los autores del documento, que también recomienda que el personal de salud de instituciones públicas y privadas esté obligado administrativamente a participar en jornadas, campañas y operativos de vacunación cuando las autoridades lo requieran, y que informe a los pacientes sobre el contenido de las vacunas, las cuales deberán ser suministradas de manera gratuita por el Estado, salvo en centros privados donde el ciudadano asumirá los costos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia (Mispas) será la autoridad encargada de definir e implementar la política nacional de vacunación en el territorio dominicano.

Finalmente, el artículo 50 del proyecto contempla sanciones de tres meses a dos años de prisión correccional y multas de hasta 25 salarios mínimos del sector público para quienes desvíen recursos destinados a la vacunación, vendan o obtengan beneficio por la entrega de instrumentos sanitarios, o expidan registros falsos.