Senado aprueba presupuesto complementario 2026 con aumento de RD$40,978.3 millones

El Senado de la República aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas y con trámite de urgencia el proyecto de ley que reformula el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, una iniciativa que contempla un aumento de RD$40,978.3 millones en las apropiaciones de gasto público.

La aprobación definitiva de la propuesta, sometida por el Poder Ejecutivo, dependerá ahora del conocimiento y votación del proyecto en la Cámara de Diputados, que deberá decidir si acoge o modifica la iniciativa enviada por el Senado durante la misma jornada.

La iniciativa fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 24 votos a favor y cuatro en contra, reflejando un amplio consenso aunque no exento de críticas.

Justificación económica del aumento presupuestario

Según el texto remitido por el Poder Ejecutivo, la reformulación presupuestaria responde a un escenario económico marcado por la desaceleración registrada durante el primer semestre de 2026, atribuida a la volatilidad de los mercados internacionales y a factores externos que han incidido sobre el comercio, las cadenas de suministro y la producción nacional.

El documento sostiene que, ante ese contexto, el incremento de la inversión pública constituye una herramienta para estimular la actividad económica y garantizar la continuidad de los servicios públicos, particularmente en sectores estratégicos.

Asimismo, el Gobierno argumenta que el comportamiento de las recaudaciones y de las principales variables macroeconómicas ha superado las previsiones con las que fue elaborado el presupuesto original, lo que permite revisar al alza las estimaciones de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal.

Distribución de los recursos adicionales

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las apropiaciones presupuestarias en RD$40,978.3 millones, recursos que serían distribuidos entre distintos ministerios e instituciones del Estado para financiar una serie de proyectos y programas prioritarios.

Además, contempla la utilización de RD$21,147.49 millones provenientes del balance neto de disponibilidad correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, los cuales podrán destinarse a atender emergencias o calamidades públicas declaradas mediante decreto presidencial, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.

La pieza legislativa también incorpora autorizaciones para contratar operaciones de crédito público destinadas a financiar proyectos de inversión, entre los que se destacan:

• Obras de agua potable y saneamiento en la región suroeste
• Ampliación de la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo
• Monorriel de Santiago
• Proyectos de gestión ambiental y resiliencia
• Programas de desarrollo territorial
• Obras vinculadas a la seguridad vial

Debate y observaciones en el Senado

Durante el debate en el hemiciclo, el senador Omar Fernández, representante del Distrito Nacional por Fuerza del Pueblo, manifestó reservas sobre el contenido del proyecto y cuestionó la falta de información específica sobre el uso de los recursos adicionales.

El legislador afirmó que el documento no detalla la distribución de las partidas entre gasto corriente y gasto de capital, ni precisa el destino de los fondos asignados a las distintas instituciones, lo que dificulta un seguimiento transparente de la ejecución presupuestaria.

Fernández indicó que formuló varias interrogantes sobre la composición del presupuesto complementario y sostuvo que estas no encontraron respuesta en la documentación remitida al Congreso, lo que generó un llamado a mayor claridad en futuras iniciativas de este tipo.

Los presupuestos complementarios permiten modificar el Presupuesto General del Estado durante el ejercicio fiscal cuando cambian las condiciones económicas, las proyecciones de ingresos o surgen nuevas necesidades de gasto. En este caso, el Poder Ejecutivo justifica la reformulación en la combinación de una mayor recaudación respecto de lo previsto y la necesidad de reforzar la inversión pública en un contexto de desaceleración económica.