Sector arrocero dominicano alerta por eliminación de aranceles a importaciones

El sector arrocero de la República Dominicana expresó su preocupación tras la derogación del decreto que establecía un arancel del 20% ad valorem a las importaciones de arroz proveniente de Estados Unidos, medida que, según productores, deja al sector en una posición de vulnerabilidad frente a la competencia internacional.

El anuncio fue realizado mediante el decreto 635-26, firmado el 9 de septiembre de 2024 por el presidente Luis Abinader, el cual derogó el anterior decreto 642-24 que regulaba el régimen arancelario del arroz. La decisión generó inquietud entre los representantes del sector, quienes advierten sobre los riesgos para la producción nacional.

Marcos Rodríguez, dirigente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), manifestó que la eliminación del arancel pone al sector en una situación de incertidumbre, señalando que los productores dominicanos no cuentan con las condiciones para competir en una economía de escala frente a las importaciones estadounidenses, altamente subsidiadas y tecnificadas.

"Podríamos decir que quisiéramos estar tranquilos pero no es una situación que nos lleva a la tranquilidad", admitió Rodríguez, agregando que el sector se siente vulnerable y que el panorama podría derivar en un posible colapso si no se toman medidas de protección.

Según el dirigente, cualquier impacto negativo en el arroz afectaría no solo a las fincas, sino también a las factorías, el sector de agroquímicos, transportistas y comunidades que dependen directamente de esta actividad, la cual involucra a aproximadamente 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos en el país.

Rodríguez reveló que la Federación fue informada de la medida recién el 5 de octubre, pese a que el decreto estaba firmado desde principios de septiembre, lo que generó adicionalmente un sentimiento de falta de transparencia. Indicó que, en una reunión previa en el Palacio Nacional, se les informó que la derogación respondía a presiones de Estados Unidos, aunque se les aseguró que una comisión evaluaría cómo responder a dichas exigencias.

Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) calificó la medida como un "golpe a la producción nacional de arroz" y solicitó al Gobierno que explique cómo pretende proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria. El gremio enfatizó que cualquier cambio en las condiciones de importación debe evaluar su impacto en toda la cadena productiva, incluyendo el abastecimiento y los precios al consumidor.

Confenagro recordó que el decreto derogado tenía vigencia condicionada a una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), y pidió que se haga público si dicha recomendación precedió la derogación, así como los documentos técnicos que fundamentaron la decisión.

La entidad propuso la creación de una mesa de trabajo entre el Estado y las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la medida y acordar acciones que preserven la producción local. Además, urgió a ejecutar, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, un programa de transformación del sector arrocero que incluya mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y fortalecimiento de la comercialización, con enfoque en pequeños y medianos productores.

En respuesta, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la derogación no implica un abandono del sector por parte del Gobierno. Afirmó que, como conocedor de la realidad del campo, el Ejecutivo no dejará solos a los productores arroceros, destacando que el arroz sigue siendo un rubro estratégico para la nación.