Presupuesto 2027: aumento de gasto y déficit, con incumplimiento de leyes fiscales y educativas
El presupuesto 2027 proyecta aumento de gasto y déficit financiado con deuda, mientras incumple leyes de responsabilidad fiscal, educación y financiamiento municipal.
Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 plantea un aumento tanto en ingresos como en gastos del Gobierno Central, aunque con un déficit que se financiará mediante endeudamiento y ciertas irregularidades respecto a normas vigentes.
El Gobierno Central espera recaudar RD$ 1 billón 510 mil millones en 2027, equivalente al 15.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que proyecta gastar RD$ 1 billón 838 mil millones, o el 19.2% del PIB. La diferencia, el déficit primario, asciende a RD$ 327 mil millones (3.4% del PIB), el cual se pretende cubrir mediante emisión de deuda.
En comparación con el presupuesto de 2026, los ingresos aumentarían un 12.5% y el gasto total un 13.2%. Dentro del gasto, el componente de capital —destinado a obras de infraestructura— subiría un 19.7%, alcanzando RD$ 257,764 millones. Entre los proyectos destacados figuran el acueducto desde la presa de Hatillo hasta Santo Domingo y la expansión de las redes eléctricas para integrar energías renovables.
En materia de protección social, el presupuesto asigna RD$ 69,641 millones a programas considerados no recortables durante el ejercicio fiscal, como la atención primaria en salud, las estancias infantiles del INAIPI y la formación técnica. Además, se destinan RD$ 27,609 millones al programa Aliméntate, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, ciertos rubros muestran aumentos desproporcionados. Los subsidios estatales pasarían de RD$ 85,150 millones en 2026 a RD$ 134,296 millones en 2027, un incremento del 57.7%. De este monto, RD$ 109,296 millones irían a distribuidoras de electricidad, de los cuales RD$ 70,000 millones se financiarían con préstamos, sin que en la ley se establezcan metas de reducción de pérdidas técnicas o comerciales.
El gasto corriente —que incluye nómina, servicios y mantenimiento— alcanzaría RD$ 1 billón 580 mil millones, equivalente al 86% del total presupuestado. Este nivel supera los ingresos corrientes esperados en RD$ 70,452 millones, lo que obliga al Gobierno a financiar parte del consumo diario mediante endeudamiento, análogo al uso de una tarjeta de crédito para gastos de subsistencia.
Adicionalmente, se proyectan RD$ 351,327 millones en pagos de intereses de la deuda pública, cercano a mil millones de pesos diarios, una cifra que prácticamente equivale al presupuesto total del Ministerio de Educación.
En cuanto a exenciones e incentivos fiscales, estas representarían un costo de RD$ 458,630 millones en 2027, equivalente al 4.8% del PIB —1.4 veces el monto del déficit—. Aunque algunas de estas exenciones incluyen beneficios sociales como la canasta básica, el documento advierte que falta una evaluación rigurosa para determinar su efectividad y pertinencia.
Además, pese a la vigencia de la Ley 30-26 de Modernización Fiscal, la presión tributaria disminuiría ligeramente, pasando de 15.9% a 15.7% del PIB.
Se identifican incumplimientos a tres leyes clave:
- La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal establece que el gasto primario no puede crecer más que la inflación proyectada más tres puntos porcentuales. Para 2027, ese límite es del 7.5%, pero según las propias cifras del Gobierno, el gasto primario crecería un 10.1%, superando el techo en aproximadamente RD$ 35,000 millones. Además, su artículo 9 exige una declaración de cumplimiento junto con el presupuesto, la cual no figura en el documento remitido al Congreso.
- La Ley General de Educación 66-97 manda destinar al menos el 4% del PIB a educación preuniversitaria. El Ministerio de Educación recibiría RD$ 365,570 millones, equivalente al 3.8% del PIB, dejando un faltante de RD$ 18,200 millones. El Gobierno intenta alcanzar el porcentaje sumando la educación superior, lo cual no corresponde al mandato de la ley. Asimismo, la inversión en infraestructura escolar mostraría una disminución del 17.8% respecto al año anterior.
- La Ley 166-03 establece que los ayuntamientos y juntas de distritos municipales deben recibir el 10% de los ingresos del Estado. Con los ingresos estimados para 2027, esto equivaldría a unos RD$ 151 mil millones, pero las transferencias previstas rondan los RD$ 32,800 millones (2.2% del total). Además, mientras los ingresos del Estado crecerían un 12.5%, las transferencias a los municipios aumentarían solo un 1.9%. El artículo 47 del proyecto nuevamente autoriza asignaciones por debajo del mínimo legal, como ocurre anualmente.
Como recomendaciones, se sugiere al Ministerio de Hacienda y al Congreso: reducir el déficit al 3.2% del PIB, como en 2026; condicionar el subsidio eléctrico al cumplimiento de metas medibles de eficiencia; revisar las exenciones fiscales con fecha de vencimiento para evaluar su continuidad; publicar la declaración de cumplimiento exigida por la Ley 35-24; y diseñar una ruta gradual para cumplir con las obligaciones en educación y financiamiento municipal. Se enfatiza que, si una ley no puede ser financiada, debe reformarse abiertamente, no suspenderse de forma tácita año tras año.
El presupuesto de 2027 contiene elementos positivos, como el aumento en inversión de capital y la mantención de programas sociales clave, pero su dependencia del endeudamiento y los incumplimientos normativos generan riesgos de sostenibilidad fiscal y equidad territorial. Actualmente, el proyecto aún está en trámite congressional y permanece abierto a modificaciones antes de su aprobación definitiva.
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Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía
Economista y periodista financiero. Ex analista del Banco Central de la República Dominicana. Especialista en mercados y finanzas internacionales.
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