La SCJ bajo Molina redujo el atraso judicial en un 81% y resolvió 48.000 casos

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana resolvió cerca de 48.000 casos durante el período constitucional de siete años de la gestión liderada por Luis Henry Molina, logrando una reducción del 81% en el atraso judicial acumulado y transformando un sistema que arrastraba expedientes sin resolver desde mediados del siglo pasado.

Al asumir en 2019, la SCJ heredó 18.357 recursos de casación pendientes, algunos con expedientes que databan de 1982, reflejando casi dos décadas de rezago. Para enfrentar esta situación, la administración implementó un plan de emergencia bajo el lema "Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas", que incluyó la reorganización de la Secretaría General, metas de productividad por sala y estrategias diferenciadas para las tres salas especializadas del tribunal.

Los resultados fueron progresivos y documentados. En 2021, la SCJ resolvió 11.637 casos pendientes, marcando la primera ocasión en que los expedientes solucionados superaron los nuevos ingresos. Al cierre de 2022, el tribunal había liquidado todos los expedientes anteriores a 2019, reduciendo los casos pendientes de audiencia y fallo a 1.766. Para noviembre de 2024, la Segunda Sala Penal operaba sin expedientes anteriores a 2023 ni trámites con más de seis meses de antigüedad.

Reforma legislativa y modernización tecnológica

Consciente de las causas estructurales del atraso, la SCJ impulsó una reforma legislativa al recurso de casación, históricamente uno de los principales cuellos de botella del sistema. El Congreso aprobó la Ley No. 2-23, promulgada el 17 de enero de 2023, que sustituyó una normativa vigente desde 1953. La nueva ley introdujo el concepto de interés casacional, enfocando el trabajo de la SCJ en casos que establecen criterios jurídicos de alcance nacional y creando precedentes para tribunales inferiores, en lugar de funcionar como una tercera instancia de revisión masiva.

La reforma también eliminó trámites considerados innecesarios, como la opinión obligatoria del Ministerio Público en asuntos civiles, redujo audiencias en procesos exclusivamente jurídicos y fijó plazos más estrictos. Como resultado, el tiempo promedio de tramitación pasó de 639 a 131 días, y la asignación de expedientes a las salas, que podía tardar hasta 365 días, quedó limitada a 37 días hábiles.

La pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 actuó como un acelerador forzoso de la modernización. El Consejo del Poder Judicial aprobó medidas de emergencia que habilitaron la firma electrónica, el teletrabajo judicial y las audiencias virtuales. Sin embargo, la implementación vía reglamentaria generó un conflicto institucional, resuelto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0286/21 de septiembre de 2021, que estableció que la regulación de los procesos judiciales corresponde al Poder Legislativo.

Ante esto, la SCJ y el Congreso impulsaron la Ley No. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aprobada para formalizar lo ya en marcha. Su reglamento entró en vigor en octubre de 2022, otorgando validez jurídica al expediente electrónico, las notificaciones digitales y los procedimientos a distancia.

Innovaciones tecnológicas y avances institucionales

Entre los desarrollos tecnológicos del período destacan:

• JURITECA: plataforma pública y gratuita con más de 400.000 sentencias y decisiones judiciales consultables en línea.
• justicia.gob.do: portal para trámites, seguimiento de casos, validación digital de documentos y estadísticas judiciales.
• Instalación, en 2024, de sistemas de grabación en 34 salas de audiencias, con planes de expansión nacional.

Además, se amplió la red de Centros de Entrevistas Forenses, equipados con cámaras Gesell y circuitos cerrados de televisión, permitiendo que víctimas y testigos vulnerables —especialmente menores de edad y víctimas de violencia de género— declaren en ambientes protegidos, con acompañamiento psicológico, sin repetir su testimonio en múltiples instancias.

En el ámbito institucional, en 2021 el Consejo del Poder Judicial aprobó el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial, que estableció criterios objetivos para ascensos y traslados de jueces basado en tiempo de servicio, permanencia en la categoría y evaluaciones de desempeño. En diciembre de ese año, el Pleno de la SCJ ascendió a 161 jueces y juezas de los 11 departamentos judiciales del país bajo esos criterios.

Aunque los logros son cuantificables y significativos, el artículo original señala que la discusión sobre si estos avances alcanzan para hablar de una justicia independiente permanece abierta.