Rutas del narcotráfico: cómo República Dominicana se convirtió en corredor clave entre Sudamérica y Europa

República Dominicana ocupa una posición estratégica en una de las principales rutas marítimas del narcotráfico internacional, utilizada por organizaciones criminales para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Según investigaciones de las autoridades dominicanas, los cargamentos no siguen una ruta fija, sino que emplean tácticas cambiantes para evadir la detección, incluyendo transferencias entre embarcaciones, uso de puntos costeros diversos y ocultamiento dentro de contenedores de mercancías legales.

La ruta inicia principalmente en la región de La Guajira, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela identificada como corredor marítimo por grupos del narcotráfico. Desde allí, las embarcaciones realizan travesías que pueden superar las 24 horas antes de acercarse a las costas dominicanas, particularmente en la zona sur del país.

Operaciones de interdicción en la costa sur

Pedernales, Barahona, Baní y otras localidades de la costa sur han sido escenarios recurrentes de operaciones lideradas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con otros organismos de seguridad. Estas acciones buscan interceptar las embarcaciones antes de que desembarquen su carga en territorio nacional.

Sin embargo, los narcotraficantes han adaptado sus métodos. Las investigaciones indican que ahora fraccionan los cargamentos en varios viajes para minimizar pérdidas en caso de interrupción. Otra táctica, conocida como “medio palo”, consiste en descargar grandes cantidades en zonas marítimas para luego redistribuirlas entre múltiples embarcaciones menores, cuyos tripulantes se hacen pasar por pescadores para acceder a distintos puntos de la costa sin levantar sospechas.

Para dificultar la vigilancia aérea, se emplean lonas de colores específicos en las embarcaciones, mientras se mantiene comunicación constante con redes terrestres mediante equipos de radiocomunicación y sistemas de posicionamiento global (GPS).

Desmantelamiento de estructuras criminales

Un ejemplo significativo fue la Operación Caimán, que desarticuló una red integrada por seis narcofamilias activas en las provincias de Barahona, Pedernales, Azua, Peravia y San Cristóbal. La investigación reveló que esta organización no solo se dedicaba al traslado de droga, sino que había desarrollado una estructura económica capaz de manejar sumas exorbitantes de dinero provenientes del narcotráfico.

Además, se ha observado una evolución en las embarcaciones utilizadas: se prefieren lanchas más grandes equipadas con motores fuera de borda de alta potencia, algunos de los cuales cuestan entre 40,000 y 45,000 dólares. Un caso reciente involucró la interceptación de una embarcación de 28 pies de eslora con dos motores de 250 caballos de fuerza cada uno, utilizada en un intento de introducir 766 paquetes de cocaína por la costa de Pedernales.

Fase portuaria: ocultamiento en cargas legales

Cuando la droga logra ingresar al territorio dominicano, comienza una segunda fase orientada a sacarla nuevamente del país. En este punto, los puertos de Haina y Caucedo adquieren relevancia crítica, ya que son dos de las principales terminales marítimas del Caribe y manejan un alto volumen de contenedores.

Las organizaciones intentan aprovechar el flujo constante de mercancías legales para ocultar la droga dentro de cargas aparentemente normales y enviarla hacia destinos internacionales. El control en estas instalaciones involucra a la DNCD, la Dirección General de Aduanas y las autoridades portuarias, que utilizan escáneres y otras herramientas tecnológicas para inspeccionar contenedores sin detener por completo el comercio.

La cooperación internacional, especialmente con autoridades de Estados Unidos, permite el intercambio de información para rastrear cargamentos desde su origen y identificar movimientos sospechosos. Los decomisos realizados en los puertos dominicanos confirman que Europa es un destino recurrente para estos envíos, donde el precio de la cocaína puede alcanzar entre 55,000 y 60,000 euros por kilogramo en el mercado ilícito.