República Dominicana paga arancel más alto que sus vecinos por exportar a EE.UU.

República Dominicana enfrenta un arancel adicional del 12,5 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos, mientras que sus vecinos centroamericanos El Salvador y Guatemala pagan solo el 10 % bajo los mismos acuerdos comerciales. Esta diferencia de 2,5 puntos porcentuales, aunque parezca pequeña, tiene un impacto significativo en sectores con márgenes de ganancia ajustados, como textiles, alimentos procesados y dispositivos médicos, donde incluso una variación mínima puede redirigir órdenes de compra o reubicar plantas de producción.

El hallazgo proviene de un informe de inteligencia económica y comercial elaborado por YSC Political Intelligence para la Federación de Asociaciones de Industriales (FAI), con corte al 26 de agosto de 2026. El documento advierte que, aunque no se trata de una crisis consumada, sí refleja una ventaja relativa que se está erosionando frente a países que sí cuentan con los llamados Acuerdos sobre Comercio Recíproco (ART) firmados con Washington en enero de 2026.

Estos acuerdos, además del compromiso arancelario, incluyen disciplinas exigidas por la política comercial estadounidense en el actual contexto geoeconómico: controles de exportación, trazabilidad verificable contra el trabajo forzoso, comercio digital y reglas sobre empresas estatales. El Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), liderada por Jamieson Greer, publicó el 23 de julio los resultados de una investigación iniciada en marzo, concluyendo que República Dominicana no implementó de manera efectiva una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Como consecuencia, el arancel adicional del 12,5 % entró en vigor al día siguiente.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aclaró que la medida no apunta específicamente al país y que el gobierno trabaja con Washington para revertirla. Mientras tanto, el senador Félix Bautista presentó al Senado el 17 de agosto un proyecto de ley para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso, con el objetivo de usar esta iniciativa como palanca para negociar la reducción del arancel al 10 %. Según sus cálculos, igualar la tasa representaría un ahorro anual de US$182 millones para el sector exportador dominicano.

El informe de la FAI va más allá del arancel y señala que el problema estructural radica en la menor integración de República Dominicana y Costa Rica a los estándares logísticos y de seguridad exigidos por Washington. Mientras que El Salvador y Guatemala han vinculado sus parques industriales y zonas francas directamente a estos requisitos, los países sin ART quedan expuestos a una mayor percepción de riesgo operativo y un escrutinio más intenso en materia de trazabilidad.

Esto resulta particularmente crítico en la industria textil, donde las decisiones de reabastecimiento y asignación de contratos se planifican con 18 a 24 meses de anticipación. El desplazamiento competitivo, advierte el informe, no se ve primero en las estadísticas de aduanas, sino en las reuniones de directorio de las marcas compradoras. La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) alertó en agosto que el arancel del 12,5 %, combinado con un tipo de cambio desfavorable, encarece los costos operativos y reduce el atractivo del país para nuevas inversiones, una vulnerabilidad agravada por la menor integración vertical de la cadena textil local.

Las zonas francas dominicanas representan el principal motor exportador del país, con un valor de US$2.890,4 millones en 2025. Sin embargo, Costa Rica emerge como un rival profundo debido a su red densa de proveedores especializados de segundo nivel, algo que República Dominicana aún no ha desarrollado. Además, los ART facilitan a El Salvador y Guatemala la homologación regulatoria ante la FDA estadounidense, una ventaja clave en sectores como dispositivos médicos y alimentos procesados.

El informe identifica dos cuellos de botella concretos: los tiempos lentos de registro sanitario y la limitada profundidad de proveedores locales. Sin resolver estos puntos, el país no podrá competir por plantas de mayor complejidad productiva. En el sector arrocero, la presión de la USTR tiene historial: Washington cuestiona la administración del contingente arancelario dominicano, y el 99 % de las importaciones estadounidenses de arroz entran fuera de cuota. Los productores locales compiten contra un sistema de subsidios federales (Price Loss Coverage, PLC), cuyo precio de referencia subió de US$14,00 a US$16,90 por quintal corto en 2025, otorgando a los norteamericanos un colchón financiero que los dominicanos no poseen.

Finalmente, el informe de la FAI concluye que, para retener proyectos de nearshoring, las zonas francas dominicanas deben garantizar de forma transparente y verificable la certificación de origen, las condiciones laborales y la seguridad física de toda la cadena logística. Sin esa garantía, la ventaja arancelaria de los competidores con ART se convierte en un argumento suficiente para redirigir la inversión hacia otros destinos regionales.