EE. UU. negocia acceso a largo plazo a campos petroleros de Venezuela

Estados Unidos y Venezuela negocian un acuerdo que podría garantizar a Washington acceso a largo plazo a parte de las reservas petroleras del país suramericano, según revelaron agencias internacionales como Reuters, Axios y Bloomberg el 27 de agosto.

Las negociaciones, encabezadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, contemplan que Estados Unidos se asegure el desarrollo de un grupo de campos petroleros mediante un mecanismo de arrendamiento, con posibilidad de plazos extensos, incluso de hasta 100 años, según fuentes citadas por Bloomberg.

Un total de 17 campos están incluidos en las discusiones, según una lista a la que tuvo acceso Reuters. Estos incluyen áreas aún por desarrollar en la Faja Petrolífera del Orinoco y campos maduros en el Lago de Maracaibo, algunos de los cuales actualmente son operados por una compañía china bajo contrato vigente desde la administración de Nicolás Maduro.

Las reservas involucradas suman alrededor de 90.000 millones de barriles de petróleo probado, según Axios, frente a las cerca de 300.000 millones de barriles que posee Venezuela, el país con las mayores reservas certificadas de crudo del mundo.

El modelo propuesto consiste en que, una vez asegurados los campos, se realice una subasta o licitación para determinar qué compañías estadounidenses se encargarán de su desarrollo, con el crudo producido destinado de forma garantizada a Estados Unidos, según fuentes de Reuters.

Marco legal y reformas recientes

Las conversaciones se producen siete meses después de que Venezuela aprobara una profunda reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada a fines de enero, que amplió la participación privada en la industria al permitir que empresas domiciliadas en el país asuman la gestión técnica, operativa y financiera de proyectos por su cuenta y riesgo.

Sin embargo, la ley mantiene principios clave: el artículo 40 establece que "la República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos", y el dominio público de los yacimientos se conserva como principio fundamental. Esto significa que, incluso si se otorga un arrendamiento, la propiedad del recurso permanece en manos del Estado venezolano.

Reuters señala que la legislación vigente no contempla explícitamente el arrendamiento de áreas petroleras, mientras que la Constitución reserva al Estado las actividades centrales de la industria. Expertos consultados advierten que el acuerdo podría generar cuestiones constitucionales y legales, especialmente frente a la posibilidad de contratos de larga duración como el de 100 años.

Críticas y advertencias

El acuerdo ha generado críticas desde sectores académicos y económicos. El economista Ricardo Hausmann cuestionó en su cuenta de X la legitimidad de las negociaciones, afirmando que "un gobierno interino ilegítimo con una Ley de Hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional. Será un fiasco para todos los involucrados".

Similarmente, el exdirectivo de PDVSA José Toro Hardy enfatizó las dificultades para atraer inversión al sector y advirtió sobre los riesgos de acuerdos que puedan carecer de sustento jurídico sólido.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, prepara un posible viaje a Caracas para la próxima semana, lo que podría avanzar las negociaciones.