República Dominicana mantiene arancel del 99% al arroz para proteger su producción nacional
República Dominicana mantiene un arancel del 99% al arroz importado para proteger su producción nacional, que genera más de 300,000 empleos y garantiza la seguridad alimentaria.
Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía
El Gobierno de Luis Abinader mantiene una política proteccionista para el arroz, uno de los pilares de la seguridad alimentaria nacional, mediante el Decreto 693-24 que establece un arancel del 99 % para las importaciones que superen el cupo libre de aranceles de 23,300 toneladas métricas provenientes de Estados Unidos.
Esta medida busca salvaguardar un sector estratégico que representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300, según datos oficiales divulgados este año. El cultivo se desarrolla en 21 provincias y sustenta una cadena productiva que incluye factorías, transportistas, comerciantes y suplidores de insumos.
El arroz no se encuentra en situación de escasez, según affirmedo el Ministerio de Agricultura. En abril, el ministro Francisco Oliverio Espaillat informó que el país tenía almacenados más de cinco millones de quintales de arroz, sin contabilizar la cosecha en proceso, y posicionó a República Dominicana como el mayor productor de arroz de Centroamérica y el Caribe.
Para 2026, se proyecta una producción superior a 14 millones de quintales para el conjunto de cereales, grupo ampliamente dominado por el arroz. Además, la producción agropecuaria general alcanzó en 2025 niveles históricos, impulsada por la mecanización, tecnificación y aumento de productividad.
El Gobierno justifica la protección arancelaria como una cuestión de seguridad nacional, argumentando que depender de las importaciones haría al país vulnerable a crisis internacionales, problemas logísticos o restricciones de países productores, como se evidenció durante la pandemia y los conflictos geopolíticos posteriores.
Desde 2023, la administración Abinader ha trabajado en esta dirección, ordenando a una comisión interministerial adoptar medidas para proteger a los productores frente a la desgravación prevista en el DR-Cafta. El Decreto 693-24 materializa esa posición y permanecerá vigente hasta que el Conassan recomiende lo contrario.
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Miguel Ángel Pérez
Editor de Economía
Economista y periodista financiero. Ex analista del Banco Central de la República Dominicana. Especialista en mercados y finanzas internacionales.
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