República Dominicana logra hambre cero tras dos décadas de políticas sociales y económicas

República Dominicana es oficialmente un país sin hambre, según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, publicado por agencias de las Naciones Unidas a finales de julio. El país se convierte en el sexto de América Latina en alcanzar el umbral de 'hambre cero', definido como menos del 2,5% de la población subalimentada de forma crónica.

Este logro representa un cambio drástico respecto a 2003, cuando una crisis bancaria devastó la economía nacional. En ese año, la inflación se disparó, el desempleo alcanzó niveles históricos y aproximadamente una de cada cinco personas —el 21% de la población— padecía hambre, según estimaciones de la época.

Desde ese punto crítico, el país inició una recuperación sostenida que se extendió por más de dos décadas, atravesando cuatro presidencias, la crisis financiera global de 2008, la pandemia de COVID-19 y diversas turbulencias regionales. Según Manuel Robles, director de la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno, "ha sido un proceso acumulativo" y "el hambre cero llegó antes de lo que pensábamos".

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, explicó que "el hambre disminuye cuando las políticas agrícolas, económicas y sociales se refuerzan mutuamente", posicionando a República Dominicana como un ejemplo de esta sinergia. El avance se produjo mientras el poder alternaba entre las dos principales fuerzas políticas del país: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó 16 años consecutivos (2004-2020) bajo Leonel Fernández y Danilo Medina, y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde 2020 con el presidente Luis Abinader.

Como señala la BBC, ninguna administración puede reclamar el mérito en exclusiva. Magdalena Lizardo, directora del Grupo Consultoría Pareto, lo sintetizó afirmando que "ha sido un esfuerzo de largo plazo", impulsado por el crecimiento sostenido de la oferta calórica, el turismo, las zonas francas, la construcción y las remesas, combinado con programas sociales que aseguraron que los beneficios llegaran a los más vulnerables.

Durante este período, el Estado dominicano construyó una amplia red de protección social. Entre los programas clave destacan:

• La extensión de la jornada escolar desde 2013, que garantiza desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes de escuelas públicas, beneficiando a cerca del 14% de la población general.
• El subsidio mediante tarjeta electrónica, similar a una tarjeta de débito, cargada con un monto mensual para la compra de alimentos en colmados y establecimientos populares, dirigida a los niveles más pobres según un Índice de Calidad de Vida (ICV).
• El subsidio para gas licuado de petróleo, que reduce el gasto de bolsillo de las familias de menores ingresos en un rubro básico del hogar.
• Los comedores sociales, ubicados en zonas de alta concentración de pobreza, que ofrecen comida cocinada gratuita a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
• Un paquete de incentivos para el sector agropecuario, que incluye financiamiento a tasa preferencial, tecnificación de la producción, entrega de títulos de terrenos, capacitaciones técnicas y compras públicas a productores locales.

La FAO destacó específicamente el esfuerzo por facilitar el acceso a financiamiento para pequeños y medianos productores, un factor esencial en la lucha contra el hambre. Además, el aumento de la producción de proteína animal —especialmente pollos y huevos— fue determinante en el avance, según Lizardo.

Sin embargo, el logro de hambre cero no implica que el desafío esté superado. Maribel Suero Castillo, secretaria de Asuntos Técnicos del Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), advirtió que el indicador de la FAO mide la disponibilidad nacional de calorías, pero "ignora la distribución real del ingreso y el acceso físico a los alimentos". Los propios datos del informe confirman que, aunque el país salió del mapa del hambre, el 41,3% de la población dominicana padece inseguridad alimentaria moderada o severa, una categoría que evalúa el acceso regular a alimentos nutritivos y de calidad, no solo la ingesta calórica mínima.

Este desafío más complejo —garantizar no solo la disponibilidad, sino el acceso equitativo y sostenible a alimentos de calidad— será, según los expertos, el verdadero reto de los próximos años.