República Dominicana evalúa firma del Consenso de Ginebra pese a tensiones constitucionales

República Dominicana podría adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración política internacional que, aunque no vinculante, busca influir en las políticas nacionales sobre salud de la mujer y definición de familia, generando debate sobre su compatibilidad con el ordenamiento constitucional dominicano.

El Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, redactado en 2020 y co-patrocinado inicialmente por Brasil y Estados Unidos, cuenta actualmente con más de 40 países signatarios, entre ellos Hungría, Egipto, Indonesia, Uganda y, más recientemente, Argentina bajo el gobierno de Javier Milei en agosto de 2026. Estados Unidos asumió la secretaría de la declaración en enero de 2025 tras su retorno bajo la segunda administración Trump.

Aunque no es un tratado y no genera obligaciones jurídicas vinculantes, el documento funciona como soft law: orienta sin obligar, pero con influencia política significativa. Sus dos postulados centrales son: la negación de un derecho internacional al aborto y la definición de la familia como "la unidad natural y fundamental de la sociedad", una formulación que organizaciones de derechos humanos señalan como excluyente hacia personas LGBTQI+ por diseño.

Activistas dominicanas advierten que la adhesión representa un riesgo real en el contexto político actual, pese a que el país aún no figura en la lista de signatarios. Una contradicción destacada por infografías locales radica en que, mientras la declaración afirma respetar la soberanía nacional, su cláusula sobre el aborto establece que las medidas deben determinarse "de conformidad con el proceso legislativo nacional", reservando dicha materia exclusivamente al Poder Legislativo.

Esto genera tensión con la arquitectura constitucional dominicana, donde el Poder Ejecutivo formula y ejecuta políticas públicas, el Poder Judicial ejerce control de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Carta Magna. La Sentencia TC/0556/26 reafirmó el alineamiento del ordenamiento jurídico con compromisos internacionales en igualdad de género, y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12) incluye metas transversales en salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo adolescente y igualdad de derechos.

Firmar la declaración no derogaría estas normas, pero crearía una tensión permanente entre el marco jurídico interno y la posición política internacional asumida por el Estado.

Como caso de estudio, se cita a Guatemala, que suscribió la declaración en 2020 y, en 2023, lanzó Protego, una iniciativa diseñada para traducir sus principios en políticas públicas. Gestionada por el Institute for Women’s Health (IWH), una organización privada estadounidense dirigida por Valerie Huber —exfuncionaria de la administración Trump y participante en la redacción original—, Protego se implementó mediante un memorando de entendimiento bilateral sin debate parlamentario ni consulta pública.

Bajo este marco, las guías educativas promueven la abstinencia como método principal para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, introducen el concepto de "salud espiritual" sin respaldo científico y han contribuido a una crisis de anticonceptivos. En marzo de 2026, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) de Guatemala alertó que más de 1,3 millones de mujeres enfrentaban desabastecimiento en la red pública del Ministerio de Salud, situación que, según su directora Mirna Montenegro, no se registraba desde hace 15 años.

Aunque la firma no implicaría cambios legales automáticos, expertos coinciden en que su adopción podría condicionar futuras decisiones políticas, especialmente en foros multilaterales, y limitar el espacio para políticas públicas basadas en evidencia en materia de salud reproductiva y derechos humanos.