Regulación y estudios técnicos impulsan la sostenibilidad de la extracción de larimar en Barahona

La extracción de larimar en Barahona se desarrolla bajo un marco regulatorio definido que establece quiénes pueden acceder a las zonas mineras y bajo qué condiciones, con el objetivo de evitar la explotación no autorizada del recurso. Así lo explicó Rolando Muñoz, director general de Minería, quien destacó que las normas vigentes garantizan el cumplimiento de requisitos para ingresar y trabajar en las minas.

Según Muñoz, la formalidad de la actividad brinda seguridad jurídica a mineros, compradores e inversores, respaldada por el registro de 778 mineros activos en la zona desde 2020, según datos de la Dirección de Promoción Minera. Este enfoque busca ordenar una actividad que, durante décadas, ha sostenido a numerosas familias de la región.

Como parte del conocimiento técnico del yacimiento, el Ministerio de Energía y Minas desarrolla un estudio que incluye el modelamiento 3D de los túneles y pozos existentes en la mina. El objetivo es generar representaciones visuales precisas de las estructuras subterráneas para mejorar la planificación y seguridad de las operaciones. El estudio, adjudicado mediante el proceso MEM-CCC-LPN-2025-0019, ya inició su primera fase de ejecución.

Rafael Amador, minero con cerca de 38 años de experiencia en la extracción de larimar, comenzó en la actividad a los 13 años, aprendiendo de sus padres y abuelos. Además de su labor en la mina, Amador se desempeña como tesorero del consejo de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples de Larimar de Bahoruco, organización que agrupa a mineros y artesanos dedicados a la transformación y comercialización de la piedra.

La explotación del larimar en Barahona está amparada por títulos formales, entre ellos la Resolución Minera 23-85, emitida en 1985 por la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio, que otorgó a la Cooperativa de Extractores y Procesadores de Larimar de Barahona la concesión de explotación denominada Los Checheses. Esta concesión abarca 8.50 hectáreas y establece una cuota máxima de producción mensual de 40 quintales de larimar, revisable por la Dirección General de Minería previa justificación técnica.

El marco regulatorio se complementa con el Decreto 370-19, que regula y fiscaliza la extracción artesanal de ámbar y larimar bajo principios de sostenibilidad, prevención y eficiencia. Esta norma establece que el Ministerio de Energía y Minas debe otorgar permisos de extracción a personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos para operar en zonas declaradas como mineras artesanales. Estos permisos tienen una vigencia de cinco años y acreditan al titular como productor minero artesanal.

Las autoridades también trabajan en la cuantificación de los recursos existentes en las montañas de Los Checheses. Según Muñoz, los estudios realizados han identificado una formación rocosa que contiene larimar y que podría triplicar o cuadruplicar el área actualmente reconocida con presencia del mineral. El proceso se encuentra en una etapa avanzada, y se prevé iniciar perforaciones para determinar con mayor precisión la cantidad de larimar disponible.

Para Muñoz, conocer el volumen exacto del recurso permitirá definir con mayor certeza el futuro de una actividad que ha sido pilar económico para generaciones en la zona. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas impulsa un Estudio Gemológico del Larimar, cuyo objetivo es caracterizar el mineral, determinar sus variedades y establecer parámetros para su clasificación comercial. El proyecto incluye análisis físicos, mineralógicos y químicos para autenticar el origen del larimar, generar un documento técnico con su caracterización gemológica, establecer factores de calidad y proponer métodos reproducibles para su evaluación en otros laboratorios.

El estudio gemológico contempla la recolección de muestras representativas directamente en la mina, siguiendo el trayecto de la piedra desde su estado bruto hasta el producto final, con el fin de comprender sus transformaciones y garantizar trazabilidad y calidad en la cadena de valor.