Reforma policial en RD: solo 13.8% de destacamentos remodelados pese a anuncio de transformación profunda

La reforma policial dominicana enfrenta un cuestionamiento estructural tras revelarse que cerca de nueve de cada 10 destacamentos del país aún no han sido remodelados, pese a los anuncios oficiales de una transformación institucional profunda. Según un levantamiento técnico del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), incluido en su boletín Pulso No. 2, de los 724 destacamentos policiales identificados a nivel nacional, únicamente el 13.8 % ha sido objeto de intervención física, mientras el 86.2 % permanece sin obras de este tipo.

El dato, aunque no constituye una evaluación integral de la reforma, evidencia una brecha entre el discurso gubernamental y las condiciones reales de las instalaciones donde policías y ciudadanos interactúan cotidianamente. El Gobierno ha presentado el proceso como "la transformación más profunda de la Policía Nacional en más de 90 años", afirmación realizada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el 24 de julio de 2026. Entre los avances citados destacan el aumento de la fuerza policial, mayor presencia en patrullaje, nuevo modelo de formación de dos años, implementación de cámaras corporales y mecanismos de supervisión.

Sin embargo, el informe de CESEDE obliga a analizar otro componente crítico: el estado de la infraestructura desde la cual se prestan los servicios policiales. Los destacamentos representan el primer punto de contacto con el Estado para miles de ciudadanos; allí se reciben denuncias, se atienden conflictos, se realizan procedimientos y se solicitan respuestas ante situaciones que pueden comprometer la seguridad y los derechos humanos. Por ello, las condiciones físicas no son meramente estéticas: influyen en la atención al ciudadano, la privacidad, el manejo de documentos y evidencias, y las condiciones laborales de los agentes.

En ese sentido, el Ministerio de Interior y Policía ha comenzado a incorporar los destacamentos a una medición de línea base mediante el SISMAP Seguridad Ciudadana, que evalúa variables como infraestructura, atención al ciudadano, cumplimiento de protocolos, bienestar del personal y respeto a los derechos humanos. La herramienta permite identificar deficiencias, pero el desafío radica en traducir la medición en intervenciones concretas.

El debate se enriquece con declaraciones de otras autoridades. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, exhortó el 22 de julio de 2026 a los miembros de la Policía Nacional a aplicar correctamente el Manual sobre el Uso de la Fuerza, conforme a principios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. La institución también anunció acciones de formación en derechos humanos, actuación policial y uso de la fuerza, además de iniciativas para colocar información visible sobre los derechos de los ciudadanos durante intervenciones, arrestos y detenciones.

Estas medidas adquieren relevancia ante hechos recientes, como la detención de un agente de 23 años, formado bajo el nuevo modelo de reforma, por su presunta vinculación con la muerte a tiros de una adolescente de 14 años en Mendoza. El caso, puesto a disposición del Ministerio Público, permanece bajo investigación y plantea preguntas sobre la cadena completa de la reforma: formación, supervisión, disciplina y control deben funcionar simultáneamente para que los cambios institucionales produzcan resultados sostenibles.

Además, el exdirector de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, cuestionó el enfoque del proceso el 28 de julio de 2026, afirmando que el principal problema de la institución no es financiero, sino de gestión policial, dirección estratégica y planificación preventiva. Su crítica gana fuerza frente al alto porcentaje de destacamentos sin remodelación, ya que sugiere que, aunque se avancen en modelos de formación y sistemas de evaluación, la ejecución territorial de la reforma permanece limitada si la infraestructura no se transforma en paralelo.

La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuantificar programas anunciados o indicadores mejorados, sino responder a una pregunta esencial: ¿cuántos destacamentos han cambiado realmente? Porque una reforma policial no se completa en las oficinas, sino en las estaciones donde se ejerce el servicio diario y se construye la confianza ciudadana.