Dos dominicanos sentenciados por estafa a abuelos y lavado de dinero en EE.UU.

Dos ciudadanos dominicanos fueron condenados por un tribunal federal de Estados Unidos tras ser encontrados culpables de participar en una sofisticada estafa dirigida a personas mayores, seguida de actividades de lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza federal Nora Barry Fischer en un caso que involucró a Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, residente en Cleveland, Ohio, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26 años, residente en Paterson, Nueva Jersey.

Ambos individuos, que se encontraban residiendo ilegalmente en territorio estadounidense, recibieron una pena de dos años de prisión cada uno, seguida de tres años de libertad condicional supervisada, por su participación en una conspiración para cometer lavado de dinero vinculada a una red criminal que operaba desde la República Dominicana. Según los hechos probados en el juicio, la organización se dedicaba a engañar a ancianos haciéndose pasar por nietos u otros familiares cercanos en supuesta situación de emergencia, solicitando transferencias inmediatas de efectivo.

Una vez obtenida la confianza de las víctimas, los estafadores coordinaban con conductores de plataformas de transporte compartido para que recogieran el dinero en efectivo directamente en los domicilios de las personas mayores. Tanto Rodríguez como Valerio recibieron fondos directamente de estos conductores, quienes actuaban como intermediarios en la cadena del delito. Parte del efectivo recaudado fue depositado en cuentas bancarias dentro de Estados Unidos, mientras que otra porción fue enviada mediante transferencias electrónicas a cuentas en la República Dominicana.

Además de recibir el dinero, Engels Guillermo Almengot Valerio tuvo un papel logístico clave al coordinar los viajes utilizados para la recolección de los fondos, incluyendo algunos desplazamientos que permitieron entregar las ganancias obtenidas mediante la estafa a su cómplice, Luis Alfonso Bisonó Rodríguez. La investigación reveló que la operación fue planificada y ejecutada con un alto grado de organización, aprovechando la vulnerabilidad emocional de las víctimas y la facilidad de movimiento proporcionada por los servicios de transporte digital.

El caso fue procesado bajo la jurisdicción de la corte federal debido al carácter interestatal e internacional de los delitos involucrados, particularmente por la transmisión de fondos ilícitos fuera del territorio estadounidense. Las autoridades destacaron que este tipo de esquemas no solo causan daños financieros significativos a las víctimas, sino que también erosionan la confianza en las relaciones familiares y generan un profundo impacto emocional en personas de la tercera edad.