Padres dominicanos recurren a crédito para gastos escolares ante déficit salarial

Cada año escolar representa un desafío financiero significativo para miles de familias dominicanas, particularmente durante los meses de julio y agosto, cuando deben afrontar los gastos asociados al retorno a clases de sus hijos e hijas. Este fenómeno, que se repite anualmente, pone en evidencia las dificultades estructurales que enfrentan los hogares para cubrir necesidades básicas relacionadas con la educación.

Según datos del informe "Rentabilización de la Insuficiencia Salarial a través de las Tarjetas de Crédito", elaborado por el Instituto de Investigación Socioeconómico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en colaboración con la Fundación Juan Bosch, a junio de 2025 el salario promedio formal en la República Dominicana se ubicó en 37,525 pesos, mientras que el costo de la canasta básica familiar alcanzó los 48,542 pesos. Esta diferencia representa un déficit del 22,69% en el poder adquisitivo necesario para satisfacer los gastos esenciales del hogar.

Ante esta brecha entre ingresos y costos de vida, muchas familias optan por utilizar instrumentos de crédito, especialmente tarjetas de crédito y préstamos a plazos ofrecidos por entidades financieras durante la temporada escolar. Aunque estas opciones presentan una solución inmediata para adquirir útiles, uniformes y otros materiales necesarios, generan preocupaciones sobre el endeudamiento sostenible a mediano y largo plazo.

Los expertos consultados advierten que promover el endeudamiento como respuesta estructural ignora las causas raíz del problema. En lugar de enfocarse únicamente en la educación financiera individual, señalan que es necesario abordar las desigualdades salariales y el costo de vida mediante políticas públicas integrales. Algunos analistas sugieren que soluciones como bonos educativos, subsidios directos o ajustes salariales podrían reducir la presión sobre los hogares durante períodos críticos como el inicio del año escolar.

El debate actual trasciende la mera recomendación de ahorro previo y plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad compartida entre Estado, mercado y sociedad en la garantía del derecho a la educación. Mientras las campañas de crédito se multiplican en medios comerciales, crece el llamado a diseñar mecanismos de protección social que eviten que el acceso a la educación dependa de la capacidad de endeudamiento de las familias.