Operación Cobra: Cómo empleados de Senasa estafaron al seguro médico con formularios falsos

El Ministerio Público reveló un esquema de fraude dentro del Servicio Nacional de Salud (Senasa), denominado Operación Cobra, en el que empleados internos y exfuncionarios accedían ilegalmente a la base de datos de afiliados para obtener información confidencial y elaborar reclamaciones médicas falsas.

Según la investigación, los imputados Ángel Luis Guzmán Vásquez, Adonay María Carrasco Heredia, Angeury Guzmán Vásquez, Milagro Vásquez Gálvez, Ángel Guzmán Patricio y otros ex empleados de Senasa utilizaban los datos personales, diagnósticos y procedimientos de afiliados con bajo historial de interacción institucional para minimizar el riesgo de detección.

Con esa información, y en colaboración con médicos bajo investigación, llenaban formularios de reclamaciones a nombre de afiliados que nunca habían solicitado ni requerido los servicios, falsificando firmas, sellos y agregando el código PSS para dar apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.

Una vez Senasa realizaba los pagos a los médicos participantes, estos entregaban entre el 40 % y el 60 % del monto cobrado, ya sea en efectivo o mediante transferencias bancarias, directamente o a través de terceros, al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y sus asociados.

Los conceptos utilizados en las transferencias bancarias incluían frases como “San de tu madre”, “pago a san de madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, según el Ministerio Público, como parte del modus operandi para ocultar el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

En otros casos, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez facilitaba deliberadamente los datos de los afiliados a los médicos involucrados, quienes luego elaboraban formularios basados en diagnósticos y procedimientos inexistentes, nunca solicitados ni realizados por los afiliados afectados.

El objetivo del esquema era suplantar la identidad de los afiliados para estafar al Seguro Nacional de Salud y obtener beneficios económicos indebidos, tal como lo establece la autorización judicial de allanamiento emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El documento judicial también señala una clara intención de ocultar el origen ilícito de los fondos, mediante la estructuración de los pagos y la distribución de roles entre los integrantes del supuesto entramado, confirmando la existencia de un acuerdo previo para repartir los beneficios obtenidos de forma ilícita.