Nuevo Código Penal endurece sanciones contra clínicas por mala práctica médica

El nuevo Código Penal dominicano establece responsabilidad penal directa para clínicas y centros de salud privados en casos de mala práctica médica o fallas en supervisión, según explicó el abogado Eric Raful durante una entrevista en el programa El Día. Este cambio representa una transformación significativa en el régimen de responsabilidad jurídica, ya que las sanciones ya no recaerán únicamente sobre el médico tratante, sino también sobre las instituciones que incumplan sus deberes de vigilancia y control.

Raful destacó que las clínicas podrían enfrentar consecuencias legales severas, incluyendo la suspensión de servicios, la cancelación de su habilitación y, en los casos más graves, el cierre definitivo. Además, el jurista advirtió que en situaciones de omisión grave en las obligaciones de supervisión, incluso podría ordenarse la disolución de la institución prestadora de servicios de salud.

El nuevo marco legal contempla multas de hasta 1,500 salarios mínimos para personas jurídicas, así como la prohibición de continuar ofreciendo ciertos servicios o la imposición de una prohibición permanente de operar cuando se comprueben violaciones graves. Uno de los cambios más relevantes es la obligación para las clínicas de demostrar que cuentan con programas permanentes de cumplimiento normativo (compliance), capacitación continua del personal, auditorías internas y protocolos de supervisión efectivos para prevenir riesgos a la vida o la salud de los pacientes.

"El único mecanismo de defensa será demostrar que la institución hizo todo lo necesario para evitar que ocurrieran estos hechos, mediante entrenamiento constante, controles internos y sistemas de supervisión independientes"

Según Raful, esta reforma busca fortalecer la protección del derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 61 de la Constitución Dominicana, y adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre responsabilidad de las personas jurídicas. El abogado enfatizó que el debate no debe centrarse en impedir que los médicos sean demandados, sino en fortalecer los protocolos institucionales y garantizar que tanto profesionales como instituciones actúen conforme a las normas establecidas.

Finalmente, advirtió sobre la proliferación de establecimientos que ofrecen procedimientos médicos sin reunir las condiciones requeridas, una práctica que, de comprobarse bajo el nuevo Código Penal, podría derivar en sanciones penales y el cierre definitivo de esos centros. Esta medida busca combatir la intrusismo y garantizar la seguridad en la prestación de servicios de salud en el país.