Nueve años después del caso Emely Peguero: avances y retos en la justicia dominicana

Nueve años después del asesinato de Emely Peguero, el caso sigue siendo un referente para evaluar los cambios en el sistema de justicia dominicano frente a la violencia de género. La adolescente de 16 años, quien estaba embarazada de cinco meses, desapareció el 23 de agosto de 2017 y fue encontrada muerta días después, generando una profunda conmoción nacional.

El proceso judicial contra Marlon Martínez, señalado como responsable directo del crimen, resultó en una condena de 30 años de prisión. Su madre, Marlin Martínez, fue inicialmente condenada pero vio su pena reducida a dos años, quedando en libertad en 2020. Este fallo se dio bajo el antiguo Código Penal de 1884, que no tipificaba el feminicidio como delito autónomo.

El nuevo Código Penal dominicano, que entró en vigor este mes, representa un cambio estructural en el marco jurídico. Su artículo 94 tipifica expresamente el feminicidio y establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor. Cuando concurren circunstancias agravantes —como que la víctima sea niña, adolescente o esté embarazada— la sanción aumenta a 40 años, junto con una multa equivalente a mil salarios mínimos del sector público.

Sin embargo, esta reforma no tiene efecto retroactivo, por lo que no puede modificarse la pena impuesta en el caso de Emely. Como explican expertos jurídicos, el nuevo régimen sirve para evaluar cómo habría sido tratado un hecho similar hoy, no para revisar sentencias pasadas.

El caso de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada en 2023, ilustra esta transición. Su agresor, John Kelly Martínez, fue condenado a 20 años de prisión bajo el antiguo Código, y la sentencia fue ratificada en 2026, apenas meses antes de la entrada en vigor del nuevo régimen.

Agosto de 2017 fue particularmente violento para jóvenes en República Dominicana. Además de Emely, fueron asesinadas Fernelis Carrión (16 años), cuyo caso terminó con una condena de 30 años contra el sacerdote Elvin Taveras; Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, ambas de 18 años. Estos hechos marcaron una ola de violencia que mantuvo al país en estado de alerta durante semanas.

En materia de salud pública, se ha observado una disminución significativa en los embarazos adolescentes. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2017 se registraron 35,461 embarazos en adolescentes, mientras que para 2025 la cifra descendió a 16,481, lo que representa una reducción de más del 50 por ciento. Aunque este avance es alentador, las autoridades reconocen que el fenómeno sigue siendo un desafío estructural.

El nuevo Código también incorpora reformas en violencia doméstica, delitos sexuales y agrava penas para ciertas agresiones, reflejando un esfuerzo integral por fortalecer la protección de las mujeres y grupos vulnerables. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó recientemente la versión consolidada del texto, incorporando las modificaciones de la Ley 44-26.

Aunque el caso de Emely Peguero no puede ser revisado bajo las nuevas normas, su memoria permanece como un punto de inflexión en la conciencia colectiva y en la evolución del sistema de justicia dominicano frente al femicidio y la violencia de género.