MIPYMES protestan frente al INABIE por adjudicaciones del PAE y exigen auditoría independiente

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se manifestaron este lunes frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en Santo Domingo, exigiendo transparencia en las adjudicaciones del Programa de Alimentación Escolar (PA para los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028. Las organizaciones denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación y solicitaron la publicación de expedientes, la realización de una auditoría forense independiente y la suspensión de anticipos a contratos cuestionados.

Según las MIPYMES, pese a que la mayoría de los contratos han sido firmados, persiste un alto porcentaje de centros educativos y raciones sin adjudicar, además de la entrega pendiente de anticipos. Exigen que las cocinas ya adjudicadas sean reinspeccionadas sin avisos previos, con documentación legalmente válida que incluya fecha, formulario, resultado, puntuación, nombre del inspector, cambios posteriores y constancia de conformidad o observaciones del oferente.

Los manifestantes también solicitaron al Ministerio de Educación la publicación del universo oficial de centros, raciones y su clasificación por programas, tanto antes como después de las licitaciones. Además, pidieron a la Dirección General de Contrataciones Públicas respuestas oportunas a los recursos interpuestos, señalando que la falta de respuesta ha exacerbado el conflicto.

En su defensa, el INABIE afirmó que la evaluación de los oferentes se ajustó a los requisitos legales, financieros y técnicos establecidos en los pliegos de condiciones. Indicó que participaron 2.644 oferentes en la licitación del almuerzo escolar, de los cuales 1.729 resultaron adjudicados, lo que refleja una competencia mayor que las disponibilidades.

La institución explicó que la evaluación técnica tuvo un peso máximo de 80 puntos, mientras que el criterio de distancia entre la cocina y los centros educativos contribuyó con un máximo de 20 puntos. Las adjudicaciones se realizaron según la puntuación total, utilizando herramientas digitales para documentar inspecciones mediante fotografías, videos y georreferenciación.

El INABIE añadió que su gestión incorporó mecanismos de debida diligencia para identificar señales de alerta, prevenir conflictos de interés y garantizar la libre competencia. Asimismo, señaló que semanas antes de las protestas sostuvo un encuentro con un grupo de suplidores para escuchar sus planteamientos y explicar la ruta de trabajo establecida.

Ante las nuevas necesidades generadas por la incorporación de centros educativos al PAE posterior al proceso de contratación, el INABIE presentó una ruta de trabajo para evaluar la posibilidad de atender dichas demandas mediante suplidores incluidos en la lista de lugares ocupados. Para ello, elevó una consulta formal a la Contraloría General de la República sobre el mecanismo adecuado para continuar el proceso.

Los denunciantes advirtieron que las actuales reclamaciones forman parte de un patrón de irregularidades que se repite en ciclos sucesivos del PAE. Citaron la suspensión de 14 proveedores el 3 de septiembre por presuntas irregularidades en inspecciones posteriores a la adjudicación, medida que se conoció días después de que 68 estudiantes resultaran afectados en un centro de Santiago al ingerir leche del desayuno escolar.

Además, recordaron que en mayo y junio de 2026, la Cámara de Cuentas remitió a la PEPCA 38 irregularidades del INABIE con presuntos indicios penales, incluyendo adjudicaciones por RD$808.1 millones a 135 proveedores sin capacidad técnica acreditada y al menos 50 cocinas que no pudieron ser ubicadas físicamente durante las auditorías.