Ministerio Público analiza más de 16.000 cajas de documentos en caso SeNaSa 2.0

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, confirmó que el Ministerio Público mantiene una investigación activa sobre el caso conocido como SeNaSa 2.0, que involucra presuntas estructuras de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según explicó, el proceso requiere el análisis de millones de transacciones y documentos para determinar la posible participación de nuevas personas en las redes investigadas.

Durante su intervención en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Reynoso calificó como profundamente doloroso el impacto de los hechos de corrupción sobre recursos destinados a personas vulnerables, especialmente pacientes con cáncer que dependen de medicamentos y servicios de salud. "Es algo profundamente doloroso", expresó al referirse al daño que estos actos causan a sectores de escasos recursos.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, detalló que, según las evidencias recopiladas, el caso involucra distintas estructuras operativas dentro del SeNaSa. Una de ellas habría sido liderada por Santiago Hazim, otra vinculada a Luis Guzmán, quien ya está procesado, y una tercera desarrollada desde el área oncológica. Además, indicó que existen otras personas no aún judicializadas que podrían ser vinculadas en futuras fases del caso, denominadas públicamente como SeNaSa 2.0 e incluso SeNaSa 3.0.

Uno de los elementos que evidencia la magnitud de la investigación es el volumen de documentación ocupada durante los allanamientos. El Ministerio Público informó que, en una de las diligencias, fueron incautadas más de 16.000 cajas de documentos, cuyo contenido está siendo analizado actualmente por los equipos investigadores. El objetivo es determinar la participación de individuos en las estructuras investigadas y establecer nuevas líneas de investigación a partir de la información encontrada.

Reynoso explicó que el procesamiento de esa documentación podría fortalecer líneas de investigación existentes y permitir la identificación de nuevas personas no previamente judicializadas. "En la medida de que el equipo vaya procesando el contenido de esa documentación que hemos ocupado, vamos a poder definir cómo esa información es útil para reforzar líneas de investigación", afirmó. Agregó que personas ya judicializadas podrían aparecer vinculadas a otras vertientes del caso, al igual que nuevos individuos que eventualmente podrían ser presentados ante los tribunales.

La procuradora también señaló que, por razones estratégicas, la institución no anuncia con anticipación las fechas de operaciones o presentaciones judiciales, ya que revelar esos detalles podría comprometer el desarrollo de las investigaciones y poner en riesgo acciones pendientes. "Por una cuestión de estrategia, nosotros nunca decimos la fecha en la que vamos a operar", sostuvo.

Finalmente, Reynoso enfatizó que la complejidad de un caso no se mide únicamente por el monto económico involucrado, sino también por el impacto en las víctimas, la cantidad de afectados y su condición de vulnerabilidad. Citó como ejemplo las investigaciones de trata y tráfico de personas, donde el Ministerio Público debe brindar protección y atención especializada a más de 80 víctimas. "Nosotros no solo vemos montos, vemos también el impacto, el daño y a qué población afecta, si es vulnerable o no", concluyó.