La minería de minerales críticos agrava la escasez de agua en comunidades de Oaxaca

Tras 16 años de operaciones, la mina de plata y oro San José del Progreso, ubicada en el municipio oaxaqueño del mismo nombre, ha generado un impacto ambiental significativo, particularmente en el acceso al agua para las comunidades cercanas. Según testimonios recogidos por IPS, Néstor, miembro de la Articulación por la Vida desde San Juan Chilateca, relató que hace aproximadamente 30 años el agua aún estaba a nivel del suelo, con pozos accesibles mediante cubeta y algunos de hasta 10 metros de profundidad.

Con la llegada de la minera, propiedad de la peruana JRC Ingeniería y Construcción y operando sobre una concesión de 64 000 hectáreas, se observó una disminución considerable en los niveles freáticos. Los pozos se secaron progresivamente, especialmente alrededor de San José del Progreso, obligando a la población a depender de entre tres y cuatro depósitos construidos tras la edificación de una represa para el suministro minero.

La explotación subterránea consume aproximadamente ocho millones de litros de agua diarios y ha extraído unas 800 toneladas de oro y plata desde su inicio. Mientras tanto, los habitantes de San Juan Chilateca obtienen su agua de tres pozos locales, cuya calidad ha sido afectada por eventos como el derrame de 1,5 millones de litros de relaves mineros en 2018, que contaminó arroyos y pozos con metales pesados.

La minera posee tres permisos de descarga de agua para un total de 52,5 metros cúbicos diarios, otorgados por las autoridades competentes. No obstante, Néstor denunció que el modelo extractivo actual es "demasiado destructivo y muy invasivo", rompiendo el equilibrio ambiental, el tejido social y generando problemas de contaminación que afectan la vida comunitaria.

El impacto hídrico ha repercutido directamente en la actividad agrícola, que históricamente fue el motor económico de la zona. Hoy, esta actividad comparte relevancia con los servicios y el comercio, reflejando una transformación estructural de la economía local derivada de la presión sobre los recursos naturales.

Contexto nacional y global de la transición energética

Según Leandro Gómez, el modelo de minería a gran escala orientado a la exportación requiere grandes cantidades de agua y energía, recursos que suelen ser escasos precisamente en las zonas donde se desarrollan estos proyectos. Esto genera un impacto directo en las comunidades locales y afecta la biodiversidad, limitando el acceso al agua y disruptando actividades tradicionales como la agricultura.

La situación en San José del Progreso ilustra una tensión más amplia vinculada a la transición energética global. La electrificación masiva necesaria para abandonar los combustibles fósiles depende de minerales críticos como el cobre, la plata, el litio, el grafito y las tierras raras, esenciales para baterías, paneles solares y otros dispositivos de energía limpia.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se proyecta que la demanda de litio se multiplique por 40 para 2040, mientras que la de grafito y cobalto aumentará por 20. Este crecimiento intensifica la presión sobre regiones como América Latina, rica en recursos mineros pero vulnerable a la sequía y la mala gestión hídrica.

Riesgo hídrico en proyectos mineros de América Latina

Un análisis del Consejo Internacional sobre Minería y Metales (ICCM) revela que, de 692 instalaciones minero-metalúrgicas en la región, 453 presentan riesgo medio o alto de escasez de agua (65%), con 149 en riesgo medio y 304 en alto. Chile, México y Cuba muestran las proporciones más altas de riesgo, mientras que Brasil concentra el mayor número absoluto de instalaciones en riesgo (112).

Estas instalaciones extraen materiales fundamentales para la transición energética, incluyendo cobre, hierro, litio, oro, plata y zinc. Sin embargo, el análisis del ICCM y los datos procesados por IPS indican que la falta de agua y la sequía acechan a numerosos proyectos, creando un ciclo de doble vulnerabilidad para las comunidades: el despojo de recursos y la escasez exacerbada por el cambio climático.

Como señala el informe, la humanidad enfrenta una paradoja difícil de resolver: avanzar hacia una energía menos contaminante requiere de actividades extractivas que, en muchos casos, profundizan las inequidades territoriales y ambientales, pese a los esquemas internacionales voluntarios sobre transición energética justa.