MINERD advierte a ADP alerta sobre reducción unilateral del horario escolar en escuelas públicas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) emitió una advertencia formal a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tras la decisión de reducir el horario de clases en escuelas públicas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, medida que el organismo considera unilateral y contraria al marco legal vigente.

Según el MINERD, la ADP dispuso reducir una hora en la jornada de tanda extendida y media hora en la jornada regular, sin consultar ni coordinar con las autoridades educativas nacionales, lo que pone en riesgo el cumplimiento del calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación, del cual la ADP también forma parte.

El calendario y el horario escolar son disposiciones oficiales que rigen la organización del sistema educativo nacional y, por tanto, no pueden ser modificados de forma unilateral por centros educativos ni por organizaciones gremiales, reiteró el Ministerio en su comunicado.

La institución explicó que cualquier modificación al horario o calendario debe realizarse mediante los mecanismos institucionales establecidos, respetando el proceso de aprobación del Consejo Nacional de Educación, y advirtió que la medida afecta directamente el cumplimiento de las horas lectivas mínimas requeridas para el desarrollo adecuado de los contenidos académicos durante el año escolar.

El MINERD sostuvo que el horario escolar responde a una planificación oficial orientada a garantizar no solo la cantidad de horas lectivas, sino también la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, y llamó a la ADP a preservar el cumplimiento del calendario escolar nacional mediante el diálogo y el respeto a las disposiciones emanadas de las autoridades competentes.

La reacción del Ministerio se produce en un contexto de negociaciones entre el gobierno y los sindicatos docentes sobre condiciones laborales, pero el MINERD dejó claro que, aunque reconoce el derecho a la negociación colectiva, las decisiones sobre organización educativa deben ajustarse al marco legal y no pueden implicar modificaciones unilaterales que comprometan el derecho a la educación de los estudiantes.