Más del 60% de los jueces formados en la ENJ son mujeres, según su director

El 60% de los jueces formados en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) son mujeres, según informó Ángel Brito, director de la institución educativa del Poder Judicial dominicano. Este dato refleja un avance significativo en la equidad de género dentro del sistema judicial del país, donde más de 530 profesionales del derecho han completado su formación como jueces de carrera.

Brito destacó que, de los más de 7,000 servidores que integran el Poder Judicial dominicano, 730 son jueces, y la gran mayoría ha pasado por las aulas de la ENJ. Además, resaltó que dos egresadas de los programas de formación ya forman parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que evidencia el impacto de la institución en la alta judicatura.

Origen y evolución de la carrera judicial

La carrera judicial en República Dominicana se instauró como respuesta a la crisis política e institucional de 1994, que derivó en una reforma constitucional. Aunque la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia del magistrado Jorge Subero Isa en 1997, inició las primeras evaluaciones del personal judicial, el diseño formal de la carrera judicial data del 11 de agosto de 1998, con la promulgación de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

A partir de la Constitución de 2010, se estableció como requisito obligatorio que ningún juez pueda ingresar a la carrera judicial sin haber aprobado previamente el programa de formación de la ENJ.

Proceso de selección y formación

El ingreso al Programa de Formación de Aspirantes a Jueces se realiza mediante un concurso de oposición considerado uno de los más rigurosos del país. El proceso consta de cinco etapas de evaluación, que incluyen pruebas psicométricas, de conocimientos jurídicos, orales y de validación de competencias, y tiene una duración aproximada de seis meses.

Una vez admitidos, los aspirantes cursan un programa teórico-práctico de dos años, inspirado en el modelo de formación médica:

• Primer año: 80% formación teórica y 20% práctica.
• Segundo año: 80% de práctica supervisada en tribunales (como jueces de paz) y 20% de formación teórica.

Además del componente jurídico, la formación incluye acompañamiento conductual para desarrollar competencias como la empatía, la ética, la gestión de personal, la humildad y la resistencia al estrés frente a altas cargas de trabajo.

Inversión y modernización

Para garantizar la dedicación exclusiva exigida por el programa, la ENJ incrementó en 2023 el crédito educativo asignado a los aspirantes a RD$70,000.

En materia de innovación, Brito destacó la creación del Laboratorio de Justicia y el desarrollo de la Juriteca, un buscador gratuito de jurisprudencia que permite consultar más de 600,000 decisiones judiciales de forma anonimizada y en tiempo real, dentro de las 72 horas posteriores a su firma.

Asimismo, el Poder Judicial ha comenzado a implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y en materia tributaria, con el objetivo de optimizar las fases de instrucción de expedientes y reducir los tiempos de respuesta a los ciudadanos.

Formación continua y futuro

De cara al cierre de este año, la ENJ prevé iniciar en octubre un nuevo grupo de más de 20 aspirantes a jueces, con el fin de garantizar el relevo generacional de aquellos magistrados que ingresaron en las primeras promociones de 1998 y que están próximos a su retiro.

En cuanto a la formación continua, la institución asegura que los 730 jueces activos reciban al menos 20 horas anuales de actualización obligatoria, adaptadas a sus materias de servicio. Además, en alianza con la Dirección de Gestión Humana y universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se han implementado programas de acreditación de competencias para el personal técnico y secretarial del Poder Judicial.

La ENJ, creada el 11 de agosto de 1998 mediante la Ley 327-98, tiene como misión formar aspirantes a jueces, defensores públicos y otros servidores del sector justicia, así como desarrollar programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional para quienes ya están en servicio. Su trabajo también se enfoca en el desarrollo institucional para contribuir a la modernización, eficiencia y transparencia del sistema de administración de justicia en la República Dominicana.