Legisladores intentan prohibir píldoras abortivas y castigar a mujeres tras fallo Roe v. Wade

Tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade, legisladores en varios estados donde el aborto ya está prohibido buscan avanzar con medidas más restrictivas, incluyendo la clasificación de las píldoras abortivas como sustancias controladas y, en algunos casos, proponiendo castigar penalmente a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo.

Los medicamentos mifepristona y misoprostol, utilizados en la mayoría de los abortos médicos en Estados Unidos, son el foco de estas iniciativas. Algunos legisladores proponen clasificarlos como sustancias peligrosas, lo que haría ilegal su posesión sin receta. Luisiana fue el primer estado en aprobar dicha ley el año pasado, pese a las advertencias de médicos que advierten que las restricciones podrían limitar el acceso a fármacos esenciales para tratamientos que salvan vidas.

En estados como Indiana y Mississippi, las propuestas han fracasado o parecen poco viables. En contraste, en Idaho, Oklahoma, Tennessee y Texas, es aún temprano para evaluar su avance. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha declarado que firmará cualquier medida antiaborto que llegue a su escritorio.

Algunos académicos advierten que incluso las iniciativas fallidas pueden influir en el debate público. Según Laura Hermer, profesora de derecho en la Escuela Mitchell Hamline, "cuanto más a menudo se introducen este tipo de proyectos de ley y estos conceptos que promueven, más normalizados se vuelven".

Parallelamente, se intensifican las acciones legales contra proveedores de telemedicina. Autoridades de Luisiana y Texas han acusado a la doctora Maggie Carpenter, de Nueva York, de presuntamente enviar píldoras abortivas a pacientes en estados donde están prohibidas. Aunque Luisiana la acusó penalmente por aborto criminal, Nueva York se ha negado a extraditarla y su gobernadora, Kathy Hochul, firmó una ley que permite a los médicos omitir sus nombres en las recetas para protegerlos.

Otros estados liderados por republicanos también han actuado a nivel federal. Los fiscales generales de Idaho, Kansas y Missouri presentaron una demanda para revertir la aprobación federal de la mifepristona y restringir su prescripción mediante telemedicina. Mientras tanto, algunos activistas han instado al expresidente Donald Trump a hacer cumplir una ley de 1873 que prohíbe el envío de materiales relacionados con el aborto, aunque él no ha tomado acción al respecto.

En cuanto a la seguridad de los medicamentos, organizaciones médicas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respaldan su uso, citando décadas de evidencia. Según sus datos, eventos adversos graves ocurren en menos del 0,32% de los casos, comparando su riesgo con el del ibuprofeno de venta libre.

Aunque poco comunes, también existen intentos de penalizar a las mujeres. En estados como Idaho, Indiana, Oklahoma, Dakota del Norte y Carolina del Sur, se han presentado proyectos de ley que permitirían cargos por asesinato contra quienes buscan o se practican un aborto. Sin embargo, estos esfuerzos son rechazados por los principales grupos antiaborto, como Susan B. Anthony Pro-Life America y el Comité Nacional por el Derecho a la Vida, y por ahora no han avanzado significativamente.