Juez federal bloquea intento de Trump de detener traslado de sede del FBI a Maryland

Un juez federal ha bloqueado el plan del expresidente Donald Trump para frenar el traslado propuesto de la sede central del FBI desde Washington D.C. a un nuevo complejo en Maryland, según resolución emitida el 17 de agosto de 2026. La decisión representa un revés significativo para los esfuerzos del exmandatario por influir en decisiones operativas de agencias federales tras su salida del cargo.

El fallo, emitido por el Juez de Distrito James E. Boasberg del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, determinó que Trump carecía de autoridad legal para intervenir en el proceso de reubicación, que había sido aprobado previamente por el Congreso y el Departamento de Justicia bajo procedimientos establecidos. El juez sostuvo que las acciones del expresidente constituían una intromisión indebida en funciones ejecutivas que pertenecen exclusivamente al ramo ejecutivo actual.

El plan de traslado, anunciado inicialmente en 2023 por la administración Biden, busca mover la sede del FBI a un terreno de 58 acres en Greenbelt, Maryland, cerca del Centro Espacial Goddard de la NASA. El proyecto, estimado en 2,000 millones de dólares, tiene como objetivo modernizar las instalaciones obsoletas del J. Edgar Hoover Building en Pennsylvania Avenue y mejorar la eficiencia operativa de la agencia.

Trump había intentado bloquear el proyecto mediante una orden ejecutiva emitida en julio de 2026, argumentando preocupaciones sobre seguridad nacional y costos excesivos. Sin embargo, el juez encontró que estas afirmaciones carecían de sustento evidencia suficiente y que el expresidente estaba excediendo sus límites constitucionales al intentar dirigir operaciones de una agencia federal independiente.

Representantes del Departamento de Justicia defendieron el traslado como una medida necesaria para garantizar la seguridad y funcionalidad a largo plazo del FBI, señalando que el edificio actual presenta deficiencias estructurales y de seguridad que requieren intervención urgente. Por su parte, aliados de Trump criticaron la decisión como una interferencia judicial en asuntos políticos legítimos.

El fallo permite que el proceso de licitación y construcción continúe según lo programado, con la expectativa de que la mudanza comience en 2028. Expertos en derecho administrativo señalaron que el caso establece un precedente importante sobre los límites de la influencia de exfuncionarios en decisiones operativas de agencias federales.