Inversión pública en salud: el desafío de garantizar un derecho básico en República Dominicana

José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, advirtió que las decisiones de inversión pública en salud impactan directamente en las familias dominicanas, pues determinan cuánto del costo de una enfermedad termina siendo asumido por los hogares. Según el dirigente político, República Dominicana debe revisar sus prioridades presupuestarias y asumir la salud como una de las áreas fundamentales de inversión del Estado.

Rodríguez enfatizó que la salud debe entenderse como un derecho garantizado por el Estado, no como un servicio cuyo acceso dependa de la capacidad económica de cada familia. En una entrevista en el programa "Esto No Tiene Nombre", cuestionó que las familias tengan que hipotecar sus casas o vender sus vehículos para acceder a tratamientos como el contra el cáncer.

El dirigente recordó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, fruto de un amplio consenso nacional, estableció objetivos sanitarios que, a su juicio, no se han cumplido como estaba previsto. Señaló que la inversión pública en salud para el período 2025-2026 debería superar el 5 % del PIB, tomando como referencia a Costa Rica, donde dicha inversión ronda el 8 % del PIB.

Estos planteamientos se sustentan en un estudio realizado por Fedefarma, Wifor Institute y Sanigest Internacional, publicado en 2023, que analizó la economía de la salud en República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Según el informe, titulado "Panorama de la economía de la salud y administración presupuestaria", la Economía de la Salud representó el 7.5 % del PIB dominicano en 2021.

El estudio reveló que el sector sanitario generó alrededor de 500,000 empleos directos, equivalentes al 10.7 % del mercado laboral nacional, y aproximadamente 110,000 empleos indirectos. Uno de sus hallazgos más relevantes es que, por cada dólar invertido en la Economía de la Salud, se generan US$0.80 adicionales de valor agregado en el resto de la economía dominicana.

Además, la investigación analizó la relación entre las intervenciones sanitarias y variables como ingresos, productividad, capital humano y esperanza de vida, concluyendo que una población con acceso oportuno a prevención, diagnóstico y tratamiento tiene mejores condiciones para estudiar, trabajar y producir. En los cuatro países analizados, la Economía de la Salud generó una huella económica superior a los US$50,000 millones de valor agregado bruto.

Aunque el estudio incluye una estimación de Wifor según la cual las intervenciones sanitarias en la primera infancia pueden incrementar los ingresos futuros en un 46 %, esta corresponde específicamente a Guatemala y no se aplica directamente a República Dominicana.

No obstante, el contraste entre el peso económico del sector y el nivel de inversión pública es significativo. Según datos de 2026 citados por Fedefarma, basados en el indicador WAIT de FIFARMA y estudios propios, la inversión pública en salud en República Dominicana se sitúa en el 2.9 % del PIB, por debajo del 6 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 6.5 % señalado por la OCDE.

Fedefarma advierte que una financiación insuficiente puede provocar debilidades en la atención primaria, aumentar los tiempos de espera y elevar los gastos que las familias deben asumir directamente. Este traslado de costos afecta particularmente a hogares que enfrentan enfermedades crónicas o que requieren tratamientos prolongados y cuidados permanentes.

Como ejemplo de esta realidad, el artículo menciona un caso documentado por El Día sobre el impacto de la enfermedad mental en las familias: Martha, una madre que combina trabajos informales de limpieza con el cuidado de su hijo diagnosticado con esquizofrenia, debe cubrir parte de sus medicamentos y gastos asociados. Al explicar cómo consigue el dinero para uno de sus tratamientos, resumió su situación diciendo: "Lo vamos juntando". Además, debe atender a su esposo de 73 años, quien enfrenta un cáncer de garganta.