Imputada en caso Onco14 solicita variar prisión preventiva; Corte de Santiago conocerá recurso

Luisa Yasiris Guzmán, imputada en el caso Onco14 y actual esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, presentó un recurso de apelación para solicitar la variación de su medida de coerción de prisión preventiva por una menos gravosa. La Corte de Apelación de Santiago conocerá dicho recurso este miércoles a las 9:00 de la mañana.

Guzmán, quien también se desempeña como presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, fue vinculada al caso junto a su esposo y otras personas por presuntamente desviar fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante un esquema fraudulento que involucró recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) destinados a pacientes de escasos recursos con cáncer.

Detalles de la medida coercitiva y situación de otros imputados

El pasado 29 de junio, la jueza Stefani Santiago de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva tanto a Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), como a Luisa Yasiris Guzmán. Ambos están imputados por su presunta participación en el desvío de millones de pesos.

Mientras que Lora Cruceta cumple su medida en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey en Santiago y no ha apelado la decisión, Guzmán sí presentó el recurso que será conocido este miércoles. Por su parte, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado y propietaria de la Vargas Guzmán Accounting Center, cumple arresto domiciliario y tampoco ha solicitado variación de su medida.

Cargos y presuntas maniobras fraudulentas en el caso Onco14

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas, y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Según el Ministerio Público, se utilizó un esquema complejo para desviar fondos destinados al tratamiento oncológico de pacientes vulnerables.

Entre las presuntas irregularidades, se establece que se creó un departamento para modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas, se usaron sellos médicos y talonarios presellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que nunca evaluaron a los pacientes, y se prohibió la entrega gratuita de medicamentos donados bajo amenaza de despido al personal, con el fin de comercializarlos.

Además, se reportó doble facturación de medicamentos, administración de dosis incompletas mientras se facturaban completas, y el suministro de medicamentos genéricos en lugar de originales mientras se facturaban los de mayor costo, todo con el supuesto objetivo de obtener beneficios económicos indebidos a través del fraude al SeNaSa.