Hostigamiento laboral en Perú: denuncias bajas y falta de sanciones pese a aumento de casos

El hostigamiento sexual en el ámbito laboral sigue siendo una problemática extendida en Perú, marcada por la impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte de empleadores y autoridades. Según denuncias recogidas por IPS, muchas trabajadoras enfrentan situaciones de acoso que van desde comentarios de doble sentido hasta tocamientos no consentidos, y al denunciar, suelen encontrarse con indiferencia o incluso represalias.

Una joven de 24 años, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, relató su experiencia tras ingresar a trabajar en el área de cocina de un restaurante. Señaló que, tras rechazar las insinuaciones de un compañero, este cambió su actitud: comenzó a gritarle, recriminarla y hacer comentarios públicos sobre su apariencia. «Ya no estaba solo incómoda sino asustada, hasta lloraba de miedo», afirmó.

Al presentar su queja al superior, no recibió apoyo: le dijeron que no se preocupara porque el agresor iba de vacaciones. La situación no mejoró, y ante la falta de acción de la empresa, decidió renunciar por su seguridad y salud mental, pese a necesitar el empleo. Posteriormente, la empresa la acusó de abandono laboral por no renunciar con un mes de anticipación.

Este caso refleja una tendencia nacional. Según cifras oficiales del año pasado, se registraron 2023 denuncias de hostigamiento sexual en centros de trabajo: 1840 en el sector privado y 183 en entidades estatales. Más del 90 % de las víctimas fueron mujeres. Sin embargo, expertos advierten que el subregistro es alto debido al miedo a no ser creídas, a ser revictimizadas o a perder el empleo.

Victoria Solís, abogada feminista y especialista en derechos humanos, explicó que el hostigamiento sexual laboral incluye cualquier acto no deseado con connotación sexual o sexista sin consentimiento, como tocamientos, chantaje, invitaciones persistentes o comentarios sobre el cuerpo. Señaló que las víctimas tienen derecho a denunciar tanto vía administrativa en el centro de trabajo como vía penal, procesos que pueden avanzar simultáneamente.

Aunque existe el marco legal —la Ley 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aplicable a sectores público y privado, educativo, policial y militar—, su implementación es deficiente. La norma no requiere demostrar repetición de los actos ni oposición expresa para proceder con la denuncia, pero el desconocimiento y el incumplimiento generalizado generan impunidad.

El problema se agrava por el contexto social. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares), el 75 % de la población tolera la violencia contra las mujeres y el 87 % respalda creencias sexistas. Esta cultura de desigualdad, reforzada por discursos políticos que cuestionan los avances en igualdad de género, dificulta la prevención y sanción del hostigamiento laboral.

Perú tiene una población estimada de más de 34 millones de habitantes, de los cuales las mujeres representan el 50,6 %. Actualmente, el país está bajo la presidencia de Keiko Fujimori, líder ultraconservadora que ha cuestionado políticas de igualdad y se alinea con gobiernos de extrema derecha en la región.

Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de capacitaciones obligatorias, protocolos claros y sanciones efectivas para erradicar el hostigamiento laboral. Mientras tanto, muchas trabajadoras continúan eligiendo el silencio o la renuncia como única salida frente a un sistema que falla en protegerlas.