Gobierno declara alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental

El Gobierno dominicano emitió el decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental, una figura diseñada para enfrentar de manera más drástica las agresiones deliberadas contra parques nacionales, áreas protegidas y recursos naturales críticos.

La medida eleva la protección ambiental a un asunto de seguridad nacional y incorpora al Comité Nacional Antiterrorista en la prevención, detección e investigación de actos graves contra ecosistemas estratégicos del país. Durante la presentación de la normativa, el presidente Luis Abinader catalogó como actos de terrorismo medioambiental aquellas acciones dirigidas a la desaparición o daño sistemático de los parques nacionales, advirtiendo que habrá persecución firme contra dominicanos y extranjeros que incurran en esos ilícitos.

Al evento asistieron los ministros Andrés Bautista, Administrativo de la Presidencia; Paíno Henríquez, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas.

Enfoque en hechos graves y sistemáticos

El decreto no trata cualquier falta ambiental como terrorismo. Su enfoque está dirigido a hechos graves, deliberados y sistemáticos que afecten recursos naturales estratégicos, como parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales, nacimientos de ríos y otras zonas esenciales para el agua, la biodiversidad y la seguridad ambiental del país.

En términos prácticos, el Gobierno busca que acciones como incendios forestales provocados, destrucción de áreas protegidas, ocupaciones ilegales, desmontes sistemáticos o daños a infraestructura hídrica y energética sean perseguidas con mayor coordinación institucional. La decisión implica que la respuesta estatal no recaiga únicamente sobre el Ministerio de Medio Ambiente, sino que integre a organismos de defensa, inteligencia, seguridad, migración y persecución penal.

Acciones concretas y participación ciudadana

El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una política nacional orientada a prevenir y combatir el terrorismo medioambiental. Esa política deberá enfocarse en neutralizar incendios forestales provocados, amenazas contra áreas protegidas y daños a infraestructuras hídricas y energéticas.

Además, dispone que cualquier agresión al patrimonio ambiental sea remitida de inmediato al Ministerio Público, para asegurar la acción penal correspondiente. Otro punto clave es la participación ciudadana: se establecerán plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para proteger a quienes colaboren de buena fe con informaciones sobre daños ambientales o amenazas contra recursos naturales.

La medida alcanzará a personas o grupos que provoquen incendios, destruyan zonas protegidas, ocupen terrenos en parques nacionales, afecten cuencas o participen en actividades ilícitas contra recursos naturales estratégicos. El Gobierno también advierte que la persecución no se limitará a los autores materiales, sino que incluirá a determinadores, patrocinadores o personas que contraten a terceros para ejecutar estas acciones.

El principal cambio introducido por el decreto es la coordinación institucional. Al incorporar al Comité Nacional Antiterrorista y articular a varias instituciones, el Gobierno procura una respuesta más rápida frente a daños ambientales graves. Esto podría fortalecer la vigilancia en parques nacionales y zonas vulnerables, acelerar la investigación de incendios provocados y desmontes ilegales, así como facilitar la identificación de redes que se beneficien de la destrucción de recursos naturales.

El Gobierno sostiene que los marcos legales anteriores permitían que muchos infractores quedaran en libertad poco tiempo después de ser detenidos. Con el nuevo enfoque, las autoridades advierten que las conductas que afecten parques nacionales y recursos naturales críticos enfrentarán sanciones drásticas. Según lo anunciado, el Código Penal contempla sanciones de 20 a 30 años de prisión para conductas vinculadas a este tipo de hechos.