Ambientalistas advierten que el 'terrorismo ambiental' proviene del gran capital, no de campesinos

Ambientalistas y miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias advirtieron que el llamado 'terrorismo ambiental' en las áreas protegidas de la República Dominicana proviene principalmente de actividades impulsadas por el gran capital, con respaldo gubernamental, y no de acciones aisladas de campesinos pobres.

Estas declaraciones surgieron tras la emisión del decreto 615-26, que establece medidas para combatir el deterioro ambiental en parques nacionales y zonas protegidas. Los expertos consultados por Listín Diario coincidieron en que la aplicación de dicho decreto debe ser escalonada, iniciando por una mayor responsabilidad del propio Estado.

Enrique de León, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, enfatizó que no es justo criminalizar a campesinos dominicanos o haitianos que ingresan furtivamente a parques nacionales para cultivar pequeños conucos o leñar para subsistir. Según él, el verdadero peligro para los ecosistemas proviene de proyectos de gran escala autorizados o facilitados por las autoridades.

"No es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres... El gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente"

Como ejemplos concretos de este 'terrorismo ambiental', De León señaló dos zonas críticas:

• El Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, en la bahía de Puerto Viejo, provincia de Azua, donde operan barcazas generadoras de electricidad que han causado mortandad de peces y otras especies marinas, además de afectar la salud de comunidades cercanas.
• El Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en la bahía de Manzanillo, provincia de Monte Cristi, donde, con autorización del Ministerio de Medio Ambiente, se destruyeron más de 500,000 metros cuadrados de bosque seco en el área de amortiguamiento para construir dos superplantas de gas natural de 860 megavatios, ubicadas a menos de 59 metros del límite del parque.

Según el activista, estas acciones representan una 'barbaridad' que amenaza con exterminar la mayor concentración de manglares de las Antillas y poner en riesgo numerosas especies asociadas a estos ecosistemas.

Aunque respalda el espíritu del decreto 615-26, Adolfo José López Belando, miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias y de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, sostiene que se requieren medidas adicionales para garantizar la protección efectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Entre sus propuestas destacan:

• Asignar mayores recursos financieros y técnicos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para fortalecer el control y vigilancia de las zonas protegidas.
• Brindar apoyo institucional firme al Viceministerio de Áreas Protegidas para que pueda resistir presiones políticas, militares y empresariales que buscan modificar el uso de estas tierras para proyectos inmobiliarios, industriales, ganaderos o agrícolas.
• Prohibir estrictamente cualquier tipo de infraestructura de pernoctación o turismo masivo dentro de las áreas protegidas, incluyendo apartamentos, hoteles, glamping o centros de diversión, argumentando que dicha norma es fundamental para preservar la integridad paisajística y ecológica de estos espacios.

Los ambientalistas concluyeron que, sin una voluntad política real y sin enfrentar los intereses económicos que impulsan la degradación ambiental, los decretos y normas existentes serán insuficientes para detener el avance del 'terrorismo ambiental' en el país.