Funcionarios del gobierno de Abinader obtuvieron contratos estatales mediante empresa vinculada

Durante casi veinte años, una disposición legal permitió a altos funcionarios públicos negociar contratos con el Estado, pese a la prohibición general establecida por la ley de compras y contrataciones públicas. Un artículo específico y su numeral habilitaban a ministros, cónsules, legisladores y otros cargos de relevancia para participar en negocios estatales, creando una excepción que fue utilizada en el actual gobierno.

En los seis años de gestión del presidente Luis Abinader, cerca de diez funcionarios de primer nivel obtuvieron contratos estatales por un monto no inferior a RD$60 millones mediante empresas vinculadas a sus patrimonios declarados, según constató este medio tras revisar registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y declaraciones juradas de patrimonio.

Casos destacados de contrataciones vinculadas a funcionarios

La viceministra de Edificaciones del MOPCC, Tomasina Pascual Fanit, encabeza la lista de beneficiados con contratos por un total de RD$53,670,910 a través de la empresa Mucar, SRL, registrada a nombre de su hija y en la que ella figura como accionista según su declaración jurada. La funcionaria asumió su cargo en agosto de 2020 mediante el decreto 330-20.

Los tres contratos adjudicados a Mucar, SRL fueron:

• 30 de diciembre de 2020: Remodelación del Departamento de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura por RD$1,999,809.
• 23 de enero de 2023: Construcción y reconstrucción de obras deportivas, comunitarias y eclesiásticas a nivel nacional por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial por RD$18,791,249.
• 8 de diciembre de 2025: Reconstrucción de instalaciones deportivas en La Vega, Peravia, Bonao y Gran Santo Domingo por el Ministerio de Deportes por RD$32,879,852, en un proceso dirigido a mipymes.

Tras el último contrato y antes de la suspensión de su registro como proveedora, la empresa no obtuvo nuevos vínculos estatales. Todos los acuerdos se realizaron después de la juramentación de la viceministra.

En segundo lugar figura Gloria Claritza Guevara Arboleda, actual cónsul general en Valencia, España, quien previamente se desempeñó como viceministra de Educación. Ella está vinculada a la empresa Funeraria Jerusalén, SRL, donde uno de sus descendientes gestiona el negocio familiar.

Entre agosto y diciembre de 2022, la empresa obtuvo tres contratos estatales:

• 10 de agosto de 2022: Servicio de alquiler de funeraria para el Ministerio de Salud Pública.
• 5 de septiembre de 2022: Servicio similar para la Autoridad Portuaria Dominicana.
• Diciembre de 2022: Conservación y cuidado de cadáveres para el Instituto de Patología Forenses del mismo ministerio.

Los ingresos totales de Funeraria Jerusalén, SRL en esos contratos ascendieron a RD$4,068,000, todos obtenidos dentro del mismo año.

Otro caso relevante es el de Milton Morrison, quien ha ocupado los cargos de gerente general de Edesur Dominicana y director general del Intrant desde el inicio del gobierno actual. Su nombre aparece como accionista de Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL, empresa vinculada a un familiar suyo.

Bajo la vigencia de la anterior ley de contrataciones públicas, dicha empresa obtuvo dos contratos con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie):

• 2021: Renovación y actualización de licenciamiento de software especializado.
• Tres meses después: Adquisición de nuevas licencias de software para cálculo y análisis estructural.

El monto total de estos contratos superó los RD$3 millones. Actualmente, tanto esta empresa como otras mencionadas en la declaración jurada más reciente de Morrison presentan el estatus de “suspendidas” en la plataforma de la DGCP.

La investigación se basó en el cruce de datos entre las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios, los registros de accionistas de las empresas y el historial de adjudicaciones en el portal de Contrataciones Públicas, confirmando la relación funcional y patrimonial en cada caso señalado.