Florida aprueba ley que restringe acceso a universidades públicas para estudiantes indocumentados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que prohíbe a los estudiantes indocumentados matricularse en las universidades públicas del estado, medida que entra en vigor inmediatamente tras su aprobación legislativa.

La norma, conocida como Senate Bill 1718, establece que las instituciones de educación superior financiadas con fondos estatales no podrán admitir ni matricular a personas que no puedan demostrar su estatus legal en los Estados Unidos. Esta disposición afecta directamente a los estudiantes indocumentados, incluidos aquellos que se graduaron de escuelas secundarias en Florida y cumplían con los requisitos académicos para acceder a la educación superior.

Según datos del Departamento de Educación de Florida, aproximadamente 4,500 estudiantes indocumentados estaban actualmente inscritos en universidades públicas del estado antes de la entrada en vigor de esta ley. La medida elimina el acceso a tarifas estatales de matrícula y a cualquier forma de ayuda financiera pública para este grupo poblacional.

La legislación también requiere que las universidades verifiquen el estatus migratorio de todos los solicitantes mediante sistemas federales de verificación, lo que genera preocupaciones entre defensores de los derechos de los inmigrantes sobre posibles efectos disuasorios en estudiantes cuya documentación esté en proceso de regularización.

Defensores de la ley argumentan que es necesario proteger los recursos estatales y asegurar que los beneficios educativos financiada con impuestos de los contribuyentes floridanos estén reservados para residentes legales. Por otro lado, organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la American Civil Liberties Union han anunciado planes para presentar demandas legales, afirmando que la medida viola cláusulas de protección igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos y podría enfrentar desafíos basados en precedentes judiciales federales sobre acceso a la educación.

La entrada en vigor de esta norma coloca a Florida entre los estados con las políticas más restrictivas en materia de educación superior para personas indocumentadas, contrastando con estados como California, Texas y Nueva York, que permiten el acceso a matrícula estatal y ayuda financiera independientemente del estatus migratorio.