Fiscalía acusa a dos hombres de trata de personas y trabajo forzado contra menores en Haina

El Ministerio Público ha otorgado la calificación jurídica de trata de personas con fines de explotación laboral en el caso contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como 'el Pastor o Capellán', e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de maltratar física y psicológicamente a 13 niños, niñas y adolescentes rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Según el expediente acusatorio, el operativo de rescate se realizó la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, tras la denuncia de uno de los menores que logró escapar y alertar a las autoridades. Las víctimas, con edades entre los cuatro meses y trece años, eran sometidas a trabajos forzados, principalmente en la construcción de una vivienda con madera, y presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.

La fiscal Fanny Garavitos informó que la audiencia de medida de coerción, inicialmente pautada para conocer la solicitud de tres meses de prisión preventiva, fue aplazada al 10 de septiembre para permitir el anticipo de prueba de los menores y la presentación de presupuestos por parte de la defensa.

"En este momento, la calificación jurídica que le hemos dado al proceso es trata de persona con fines de explotación laboral y los presupuestos que hacemos valer en dicha solicitud están todos depositados y serán ventilados en la audiencia al momento correspondiente"

Garavitos enfatizó que los niños son las víctimas directas del proceso y serán representados por relevo, situación que deberá ser ventilada en el tribunal para establecer responsabilidad. Además, señaló que el órgano acusador aún se encuentra en etapa de investigación y que, una vez ampliada, la población podrá acceder a todos los documentos del caso.

Durante el operativo, las autoridades encontraron en el recinto pertenencias vinculadas a menores de ambos sexos, incluyendo atuendos, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos escolares, actas de nacimiento y documentos personales de individuos ajenos al lugar, así como armas blancas.

Una evaluación médica legista realizada a la víctima que denunció reveló múltiples lesiones en rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda, además de quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos en vías de cicatrización. Una psicóloga forense confirmó que el menor no asistía a la escuela y era obligado a realizar labores forzadas, siendo sometido constantemente a maltratos físicos y castigos.

El centro operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso ubicado en el interior de una finca, lo que permitió ocultar las actividades ilícitas durante un período no especificado en el informe.