Armerías dominicanas siguen operando pese a prohibición de importación desde 2006

República Dominicana mantiene una prohibición general para la importación de armas de fuego y municiones destinadas al comercio con particulares desde 2006, pero las armerías autorizadas continúan operando legalmente en todo el territorio nacional bajo un marco de licencias, excepciones e inventarios previamente adquiridos.

El Decreto 309-06, emitido en julio de 2006 por el Poder Ejecutivo, estableció la prohibición de importar armas de fuego, sus partes y municiones para uso civil. Esta restricción ha sido mantenida por sucesivos gobiernos, aunque se han autorizado excepciones específicas para sectores como la seguridad privada, fuerzas armadas y policiales, así como para uso deportivo y de caza bajo estrictos controles.

La Dirección General de Aduanas sigue incluyendo el Decreto 309-06 dentro de su marco jurídico vigente, confirmando que la prohibición general permanece en efecto. No obstante, el Ministerio de Interior y Policía continúa otorgando licencias a empresas dedicadas a la comercialización de armas de fuego civiles, deportivas, municiones y materiales relacionados.

El procedimiento oficial permite que una persona interesada en adquirir su primera licencia visite una armería, seleccione el arma y posteriormente complete los requisitos establecidos por las autoridades, lo que evidencia la coexistencia de dos realidades: por un lado, una política pública restrictiva para limitar la entrada de nuevas armas al mercado civil; por otro, un circuito comercial legal autorizado para su venta.

Este mercado se abastece principalmente de inventarios existentes adquiridos antes de la prohibición, transferencias legales entre titulares de licencias y operaciones permitidas por normativa. Además, el Poder Ejecutivo ha autorizado excepcionalmente ciertas importaciones en años recientes.

En 2023, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía emitió resoluciones que autorizaron importaciones de armas para uso exclusivo de empresas de vigilancia y seguridad privada. En marzo de 2025, se abrió temporalmente la importación de municiones bajo condiciones específicas, manteniéndose expresamente la prohibición general para el comercio con particulares.

La combinación de restricciones, impuestos, costos regulatorios y disponibilidad limitada ha elevado los precios de las armas en el país, superando en algunos casos los registrados en Estados Unidos, principal origen de muchas de las marcas comercializadas localmente. Este encarecimiento afecta particularmente a compradores de armas de segunda mano o a quienes buscan adquirir armas nuevas mediante autorizaciones excepcionales.

Las autoridades han intensificado los operativos contra el tráfico ilegal. En mayo de este año, la Policía Nacional y el Ministerio Público anunciaron la Operación Clave, que resultó en 14 allanamientos, la detención de 14 personas y el decomiso de 20 armas de fuego vinculadas a una organización transnacional. En septiembre de 2025, la Fuerza de Tarea Conjunta informó el retiro de 460 armas de circulación, de las cuales 355 fueron clasificadas como ilegales.

Estos decomisos reflejan los esfuerzos continuos por combatir el tráfico ilícito, mientras se mantiene el debate sobre la eficacia y coherencia de una política que prohíbe la importación pero permite la venta legal bajo un régimen de licencias y excepciones.