Expertos advierten sobre normalización del castigo físico y piden enfoque integral en protección infantil

La violencia contra la niñez trasciende el ámbito familiar y constituye una violación de derechos humanos, un problema de salud pública y una responsabilidad compartida entre familias, escuelas, comunidades, instituciones y el Estado, según destacó el panel "Violencia infantil y responsabilidad social en la protección de la niñez", organizado el 22 de julio de 2026 por la Mesa "Bioética y realidad social" de la Comisión Nacional de Bioética.

Participaron en el encuentro la doctora Farah Segura Fernández y Geny Lozada, representantes de Unicef, así como el doctor Ricardo Elías Melgen, pediatra, especialista en salud pública y bioética del Ministerio de Salud Pública, quienes analizaron las distintas manifestaciones de la violencia infantil, sus efectos en el desarrollo de menores y los desafíos para su prevención, detección y atención oportuna.

Según la encuesta MICS 2025, aproximadamente el 54.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años experimentó alguna forma de disciplina violenta, desglosada en 52.4 % que sufrió agresión psicológica y 37.9 % que recibió castigo físico. Además, el 12.1 % de las personas cuidadoras considera necesario el uso del castigo físico como método disciplinario.

Los expertos señalaron como particularmente preocupante la presencia de prácticas violentas en niños de entre uno y cuatro años, etapa crítica para el desarrollo físico, emocional y cognitivo, y advirtieron sobre la normalización social de prácticas como correazos, chancletazos, pellizcos y golpes, justificadas con frases como "a mí me criaron así y estoy bien", lo que perpetúa patrones de violencia intergeneracional.

"Disciplinar no significa maltratar. La crianza positiva no elimina los límites, sino que propone establecerlos mediante la comunicación, el afecto, la escucha, la regulación emocional y consecuencias que no impliquen violencia"

Advertieron además que las formas de violencia han evolucionado con la tecnología, incluyendo el acoso, la exposición de información personal, la explotación sexual y el acceso a contenidos perjudiciales en entornos digitales, por lo que consideran necesario fortalecer la prevención, la educación digital y establecer mecanismos efectivos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Respecto al sistema de salud, los especialistas explicaron que algunos niños llegan a consultas o emergencias con lesiones o manifestaciones emocionales vinculadas al maltrato, pero la detección no siempre es oportuna. Por ello, plantearon que la identificación debe basarse en protocolos institucionales, capacitación especializada y mecanismos claros de referencia, seguimiento y protección, no solo en la percepción individual del personal sanitario.

Entre las consecuencias de la violencia infantil se encuentran lesiones, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, problemas de autoestima, ansiedad, depresión, dificultades para regular las emociones y deterioro de los vínculos afectivos, con riesgo de reproducción de patrones violentos en relaciones futuras.

Los participantes enfatizaron que la violencia infantil no puede atribuirse únicamente al comportamiento familiar, ya que factores como la pobreza, exclusión social, inseguridad alimentaria, dificultades de acceso a salud y educación, trabajo infantil, discriminación, discapacidad, migración, violencia comunitaria y debilidades institucionales aumentan la vulnerabilidad. Por ello, rechazaron una mirada que responsabilice solo a padres, madres o cuidadores y pidieron considerar las condiciones sociales de la crianza.

Desde la bioética, la protección de la niñez debe sustentarse en principios de dignidad, justicia, equidad, solidaridad, responsabilidad, cuidado, no maleficencia y promoción del bienestar, respetando además la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y su participación en las decisiones que les afectan.